La cúpula del Tribunal de Cuentas ha detectado que el Gobierno de Pedro Sánchez habría utilizado fondos europeos para cubrir gastos ajenos a su finalidad original, como el pago de pensiones, en el marco de la fiscalización de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024.
Este hallazgo avanzado por El Mundo ha provocado una fuerte división interna sin precedentes en el seno del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de supervisar las finanzas públicas. Aunque el informe anual —considerado el más relevante del ejercicio— ha salido adelante, lo ha hecho con un nivel de discrepancia inédito entre sus miembros.
El núcleo del conflicto radica en la calidad de las cuentas presentadas por el Ejecutivo. Tradicionalmente, este tipo de informes se aprueban con amplios consensos para evitar efectos negativos en la percepción de estabilidad económica. Sin embargo, en esta ocasión, algunos consejeros han decidido expresar formalmente sus objeciones mediante un voto concurrente, una fórmula poco habitual en este tipo de resoluciones.
Entre las críticas planteadas, destacan el uso de recursos procedentes de los fondos europeos Next Generation para atender otros compromisos del Estado antes de su adjudicación definitiva. Según estas fuentes, el dinero —transferido por la Comisión Europea y centralizado en las cuentas del Tesoro— habría servido para cubrir necesidades inmediatas, algo que consideran contrario a las condiciones establecidas.
A esta controversia se suma otro elemento de fricción: la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Varios consejeros entienden que operar con cuentas prorrogadas incumple obligaciones constitucionales y contribuye a deteriorar la transparencia y el control del gasto público.
El desacuerdo ha ido más allá de lo habitual. Uno de los miembros del organismo, el economista Javier Morillas, ha emitido un voto en contra, algo nunca visto hasta ahora en relación con la Cuenta General del Estado. A su juicio, las irregularidades detectadas serían suficientes para rechazar el documento, equiparando la situación a la de una empresa cuyas cuentas no superarían el filtro de un consejo de administración.
Pese a estas tensiones, el bloque mayoritario, vinculado a consejeros propuestos por el PSOE y encabezado por la presidenta Enriqueta Chicano, ha logrado sacar adelante el informe. No obstante, la presidenta no ha conseguido, en esta ocasión, suavizar las diferencias internas mediante consensos, como suele ser habitual.
El episodio pone de relieve una fractura interna significativa en el órgano fiscalizador, en un contexto en el que España ha recibido decenas de miles de millones de euros de Bruselas —más de 55.000 millones en transferencias y otros 16.200 millones en préstamos— destinados a proyectos específicos.
Fuentes del propio tribunal han señalado que será en los próximos días cuando se hagan públicos los detalles completos del informe aprobado, mientras que este enfrentamiento interno evidencia un clima de creciente tensión en torno a la gestión de las cuentas públicas.
