El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha formalizado la entrega a Senegal de dos patrulleras costeras pertenecientes a la Guardia Civil, cuyo valor económico conjunto asciende a 4.865.000 euros, según una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso The Objective. La cesión se realizó en diciembre de 2025 en el marco de la cooperación bilateral en materia de inmigración.
Las embarcaciones transferidas son el Altura Río Cabriel y el Altura Río Guadiaro, adquiridas por el Estado en 2004 y 2001, respectivamente. La primera tuvo un coste de 2,8 millones de euros, mientras que la segunda fue adquirida por dos millones de euros. Ambas unidades habían prestado servicio en operaciones de vigilancia marítima en aguas de interés estratégico.
La operación, según el Ejecutivo, se integra en la «política de refuerzo del control de flujos migratorios en África occidental», región considerada prioritaria por las autoridades españolas. El Gobierno de Sánchez sostiene que la cooperación operativa con Senegal forma parte de una estrategia de gestión compartida de fronteras y prevención de salidas hacia Canarias.
La resolución de Transparencia detalla por primera vez la valoración económica de los medios cedidos, elemento que hasta ahora no había sido explicitado en comunicaciones institucionales. La documentación permite dimensionar el impacto presupuestario de la transferencia, enmarcada en acuerdos de cooperación internacional.
En Senegal permanece desplegado un contingente mixto de fuerzas españolas, compuesto por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que desarrollan tareas de patrullaje marítimo y terrestre junto a autoridades locales. Este dispositivo se complementa con medios materiales adicionales, incluidos vehículos, aeronaves y embarcaciones de apoyo operativo.
El conjunto de actuaciones forma parte de una línea de política exterior orientada a la denominada externalización operativa de fronteras, en coordinación con socios europeos y países de tránsito de la inmigración ilegal.
Llama la atención que mientras el Gobierno hace esta donación, cuatro de cada diez lanchas de vigilancia contra el narcotráfico están inoperativas. Según contó LA GACETA la precariedad de estos medios ha tenido consecuencias muy graves sobre la seguridad de los agentes. En la bahía de Barbate, dos guardias civiles murieron en 2024 tras ser embestidos por una narcolancha cuando operaban en una embarcación ligera, al no estar disponibles las patrulleras asignadas a la zona.
