La sociedad estatal dependiente de Hacienda, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), mantiene pendiente la explicación reclamada por el Parlamento sobre el destino de 3.539 millones de euros en «premios no repartidos». El último informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el 29 de octubre, recoge que la empresa no había remitido una respuesta a la comisión que solicitó esa información.
Al frente de la compañía está desde 2018 Jesús Huerta Almendro, cuya trayectoria incluye varios altos cargos en la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE durante los años de los ERE. Fue director general de Financiación, Planificación e Infraestructuras de Salud entre 2004 y 2008 y secretario general del Servicio Andaluz de Salud entre 2008 y 2012. Posteriormente, entre 2017 y 2018, dirigió Presupuestos en la consejería de María Jesús Montero.
La reclamación fue aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 8 de mayo de 2025 y publicada en el BOE el 15 de julio. Casi año y medio después de aquel acuerdo, la fiscalización, con información actualizada hasta julio de 2026, mantiene ese punto sin cumplir.
La controversia alcanza también al propio concepto empleado. SELAE sostiene que desconoce cómo se calcularon los 3.539 millones y rechaza que «premios no repartidos» sea una categoría jurídica o contable precisa. Defiende que debe hablarse de premios no cobrados o no reclamados y explica que, al caducar el derecho a percibirlos, sus importes revierten al Tesoro y se registran como otros ingresos de explotación.
El Tribunal de Cuentas considera insuficiente esa actuación: la sociedad no trasladó sus argumentos a la comisión parlamentaria, ni siquiera para explicar sus objeciones a la cifra. El organismo precisa, además, que esa solicitud no deriva de sus propias recomendaciones de fiscalización.
Otro de los reparos afecta a 519 expedientes de premios pagados entre 2023 y 2025, por 14,79 millones de euros, cuya documentación justificativa faltaba o estaba incompleta. El fiscalizador reprocha a Loterías que no haya reclamado a los bancos la devolución de esos pagos mediante la facultad prevista en sus contratos.
SELAE discrepa: entiende que ese mecanismo debe reservarse para posibles abonos indebidos y afirma que únicamente detectó cuatro casos con circunstancias potencialmente invalidantes. El Tribunal sostiene que la falta de los justificantes exigidos permite reclamar las cantidades y que renunciar a ello perjudica los fondos públicos.
El balance también recoge mejoras. Las incidencias documentales bajaron del 7,84% de los expedientes al 0,31%, mientras su peso económico descendió del 8,18% al 0,22%. Además, el Tribunal de Cuentas considera atendidas total o sustancialmente 28 de las 30 valoraciones sobre sus recomendaciones y reconoce avances en prevención del blanqueo.
