La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha localizado indicios que apuntarían a la Secretaría de Estado de Comunicación de La Moncloa en la filtración de los audios del centro de control de Adif difundidos pocas horas después del accidente ferroviario de Urda, que dejó al menos 69 fallecidos el pasado 28 de octubre. Según una investigación publicada por El Debate, los agentes habrían encontrado referencias al departamento gubernamental en los metadatos de las grabaciones que terminaron en manos de varios medios de comunicación.
El hallazgo se habría producido durante las diligencias técnicas que desarrolla la Guardia Civil para reconstruir el recorrido de los archivos. Los investigadores trabajan con las grabaciones originales extraídas directamente de los sistemas informáticos de Adif en Atocha y las están comparando con las versiones difundidas públicamente para determinar si fueron manipuladas, seleccionadas o recortadas antes de llegar a las redacciones.
Una de las principales líneas de investigación consiste en examinar los metadatos de los ficheros, que pueden conservar información sobre su creación, modificación, autoría y programas utilizados para procesarlos. En esos registros habría aparecido una huella vinculada a la Secretaría de Estado de Comunicación, además de indicios de una distribución selectiva mediante WhatsApp. Por el momento, esta información no ha sido confirmada públicamente por la Guardia Civil ni por el juzgado instructor.
Los especialistas también están cotejando los códigos de identificación digital, conocidos como hash, de los archivos originales y de las versiones publicadas. Asimismo, estudian si los audios difundidos por tres medios presentan los mismos cortes, pausas y fragmentos, una coincidencia que podría indicar que recibieron una grabación previamente preparada por una fuente común.
La investigación pretende esclarecer igualmente quién tuvo acceso a las conversaciones registradas en Atocha. Según la reconstrucción publicada, el material pasó por la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, la presidencia del organismo y el gabinete del entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, antes de terminar en la prensa apenas tres horas después de su extracción.
La filtración se produjo en una jornada especialmente delicada. Durante la tarde del 28 de octubre, Puente compareció desde el centro de control de Adif y señaló la actuación de uno de los responsables de circulación como posible origen del accidente. El ministro calificó de «inexplicable» la orden que permitió al AVE reanudar la marcha sin aplicar, según su explicación, las limitaciones de velocidad previstas para situaciones de avería del sistema de seguridad.
El propio titular de Transportes reconoció entonces que había escuchado las grabaciones antes de que se hicieran públicas. Sin embargo, ese conocimiento previo no acredita por sí mismo su participación en la filtración ni permite identificar a la persona que facilitó los archivos.
La difusión de los audios provocó una contundente reacción sindical. El Sindicato de Circulación Ferroviario presentó el 30 de octubre un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz solicitando que se investigara su procedencia y las circunstancias en las que fueron divulgados, al considerar que debían permanecer bajo custodia oficial.
También UGT, CCOO, CSIF, Semaf y CGT cuestionaron la publicación de las conversaciones. Algunas organizaciones denunciaron que el trabajador señalado por Transportes estaba siendo utilizado como «chivo expiatorio», mientras que CCOO llegó a reclamar el cese inmediato de Puente por considerar irresponsable lo sucedido.
La magistrada encargada de investigar la tragedia ferroviaria ha decretado el secreto de sumario. Los agentes continúan realizando comprobaciones técnicas mientras se valora la posible apertura de una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos.
El periódico asegura haber solicitado explicaciones a la Secretaría de Estado de Comunicación, que no quiso pronunciarse sobre los hechos. De confirmarse los indicios descritos, la investigación podría esclarecer si existió una intervención de responsables gubernamentales en la circulación de material reservado relacionado con uno de los accidentes ferroviarios más graves de España. Por ahora, la supuesta conexión con Moncloa continúa siendo una información atribuida a las fuentes de la investigación citadas por El Debate, no una conclusión judicial acreditada.
