La Guardia Civil afronta su labor contra el narcotráfico y el crimen organizado con medios materiales gravemente deteriorados, fruto de años de desinversión por parte del Ministerio del Interior. Así lo constata un reciente informe del Tribunal de Cuentas, citado por El Español, que describe una situación de insuficiencia estructural que afecta a embarcaciones, aeronaves, vehículos terrestres y armamento.
En el ámbito marítimo, el cuerpo dispone de algo más de medio centenar de patrulleras, además de buques y embarcaciones auxiliares, pero la gran mayoría ha superado su vida útil. A finales de 2024, cuatro de cada diez lanchas de vigilancia no estaban operativas, ya fuera por averías o por encontrarse en mantenimiento. El organismo fiscalizador advierte de diseños obsoletos, problemas para obtener repuestos y averías recurrentes, lo que incrementa de forma constante los costes de mantenimiento.
La precariedad de estos medios ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad de los agentes. En la bahía de Barbate, dos guardias civiles murieron en 2024 tras ser embestidos por una narcolancha cuando operaban en una embarcación ligera, al no estar disponibles las patrulleras asignadas a la zona.
El informe también alerta del envejecimiento de la flota aérea. La Guardia Civil opera actualmente con poco más de una treintena de helicópteros y sólo tres aviones, con una antigüedad media elevada y varias unidades que superan ampliamente las cuatro décadas de servicio, pese a que su vida útil estaba prevista para periodos mucho menores. Interior prevé retirar nuevas aeronaves en los próximos meses por su obsolescencia, lo que reducirá aún más la capacidad operativa.
En tierra, el panorama no mejora. Una parte relevante del parque móvil supera los quince años de antigüedad o los 300.000 kilómetros, con el consiguiente aumento del riesgo y del gasto en reparaciones. A ello se suma la dependencia de vehículos alquilados o procedentes de incautaciones, una solución que el Tribunal considera insostenible a largo plazo. La reciente incorporación de vehículos híbridos y eléctricos, financiada con fondos europeos, presenta limitaciones operativas, especialmente en entornos rurales por la falta de infraestructura de recarga.
El deterioro alcanza también al armamento. Casi la mitad de los fusiles de asalto en servicio tiene más de 35 años, un dato que refleja la ausencia de una política sostenida de modernización. El informe subraya que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, invierte hoy menos en equipamiento policial que a finales de la década de 2000, lo que obliga a prolongar el uso de material claramente superado.
El Tribunal de Cuentas concluye que la financiación ordinaria resulta insuficiente para renovar de forma sistemática los medios de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La reposición se realiza de manera puntual, apoyada en fondos europeos, que han pasado de ser complementarios a convertirse en imprescindibles. Esta dinámica, advierte, compromete la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y proteger a quienes la defienden.
Las asociaciones profesionales llevan meses denunciando este escenario. Reclaman un plan plurianual de inversiones, renovación constante del parque móvil, modernización del armamento y refuerzo de los medios marítimos y aéreos. En su diagnóstico, patrullar con equipos obsoletos frente a organizaciones criminales cada vez mejor dotadas no es una cuestión presupuestaria, sino un abandono institucional que deja a la Guardia Civil en clara desventaja en la lucha contra el narcotráfico.
