El Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión la labor del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska por obligar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a prestar servicio con vehículos antiguos, según publica OKdiario. Según el órgano fiscalizador, ambos cuerpos cuentan todavía con un número relevante de coches con más de 15 años de antigüedad o con un kilometraje elevado, lo que pone en cuestión la planificación y gestión de inversiones en equipamientos policiales.
Estas conclusiones figuran en el Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. En el documento, el Tribunal de Cuentas reconoce que los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) permitieron renovar la flota tras la pandemia. Gracias a estos recursos, se produjo “la renovación de turismos” tanto en la Dirección General de la Policía como en la Guardia Civil.
No obstante, el informe subraya que esta renovación de vehículos no ha sido equilibrada entre ambos cuerpos. Mientras la Policía Nacional recibió 2.659 nuevos vehículos policiales, la Guardia Civil sólo incorporó 1.596 unidades, lo que evidencia una diferencia de trato por parte del Ministerio del Interior. Esta desigualdad se refleja también en la antigüedad media de la flota: la Guardia Civil opera con un parque móvil “más envejecido” que el de la Policía Nacional.
En concreto, el Tribunal de Cuentas detalla que el 21% de los turismos y el 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil superan los 15 años de antigüedad o los 300.000 kilómetros recorridos. En la Policía Nacional, la situación tampoco es óptima: un tercio de los vehículos tiene más de 100.000 kilómetros, más de la mitad supera los cinco años y uno de cada cuatro tiene más de 15 años.
El informe destaca que la Policía Nacional se beneficia en mayor medida de contratos de arrendamiento, una fórmula que el Tribunal considera “más eficiente”, ya que reduce los costes de reparación y permite disponer de una flota moderna. Sin embargo, advierte de que, por las limitaciones presupuestarias, no es viable que ambos cuerpos dependan exclusivamente de este sistema, siendo la Guardia Civil la menos favorecida.
Además, el Tribunal de Cuentas alerta de deficiencias en los sistemas de información utilizados para la gestión del parque móvil, señalando carencias en la calidad de los datos y en las funcionalidades de explotación. Por ello, recomienda a Interior diseñar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo y mejorar los sistemas de gestión, con el fin de garantizar un uso más eficiente y seguro de los recursos públicos.
