El Ministerio del Interior ha reconocido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene contraída una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios ocasionados por la atención a los reclusos desde 2018. Desde esta fecha se han abonado 121,4 millones.
La Comunidad de Madrid es la región a la que se adeuda la mayor cantidad, con 27,2 millones de euros, es decir, el 35% del total, si bien desde 2018 ya se le ha pagado por este concepto 21 millones de euros, según figura en una respuesta parlamentaria.
Le sigue Andalucía con 14,8 millones pendiente de pago, una región a la que se han transferido 9,9 millones por este concepto. El resto de comunidades autónomas con mayor deuda están a mucha distancia en cuanto a cifras absolutas: Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) o Galicia (3,4 millones).
En su respuesta, el Ministerio del Interior recuerda que para la Administración Penitenciaria es un «objetivo estratégico» avanzar en el traspaso de servicios y funciones en materia de sanidad penitenciaria, atendiendo a la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Hasta el momento, esta transferencia se ha completado en el País Vasco (2011) y Navarra (2021), además de Cataluña, lo que se produjo con anterioridad a la vigencia de la citada norma, que en su disposición adicional sexta ordena la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas.
Mientras tanto, y según informaba esta semana LA GACETA, el Gobierno de Sánchez ha aprobado un nuevo reglamento destinado a garantizar el acceso inmediato a la sanidad pública para ilegales sin cobertura sanitaria. La norma, impulsada por los ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca «restablecer el modelo de cobertura sanitaria universal».
