Varias inmobiliarias de Ceuta aseguran haber recibido ofertas de hasta 5.000 euros y propuestas para pagar un año completo de alquiler por adelantado de personas llegadas desde Marruecos durante la invasión fronteriza de finales de julio. Los demandantes intentan conseguir una vivienda pese a no poder acreditar sus ingresos mediante una nómina o una declaración de la renta.
Una empresaria del sector, que ha pedido mantener el anonimato, ha relatado a The Objective una de las propuestas más llamativas: «A mí personalmente me han ofrecido 5.000 euros si les consigo un piso para alquilar».
La profesional sostiene que algunas de las personas llegadas recientemente a la ciudad disponen de «mucho dinero en efectivo». Sin embargo, su inmobiliaria ha decidido no aceptar estas operaciones porque considera que los demandantes no ofrecen las garantías necesarias para los propietarios.
Otro responsable de una agencia ceutí asegura que algunos interesados ofrecen directamente pagar «un año» de alquiler. En muchos casos, según explica, son sus familiares desde Marruecos quienes plantean adelantar el dinero para facilitar la firma del contrato.
Un tercer profesional confirma que también está recibiendo solicitudes de «familias enteras» que quieren alquilar una vivienda. «Nosotros primero pedimos nómina o renta. Y no tienen, por supuesto. Y quieren comprarte con dinero», afirma. Este agente también se ha negado a formalizar los alquileres y denuncia que algunos demandantes le han acusado de racismo por exigirles las garantías habituales.
De las llamadas a las ofertas en efectivo
El fenómeno supone un paso más respecto al aluvión de llamadas procedentes de Marruecos detectado por las inmobiliarias a principios de agosto. Familiares y conocidos de quienes habían entrado ilegalmente en Ceuta comenzaron entonces a contactar con las agencias para buscarles alojamiento.
Ahora, algunas de esas peticiones se han convertido en ofertas económicas concretas. Los interesados proponen adelantar doce mensualidades o pagar comisiones de hasta 5.000 euros con tal de acceder a una vivienda, aunque no puedan demostrar la procedencia o estabilidad de sus ingresos mediante la documentación exigida habitualmente.
Las agencias consultadas insisten en que disponer de efectivo no sustituye las garantías reclamadas por los propietarios. La falta de nóminas, declaraciones de la renta u otros documentos que acrediten solvencia se mantiene como el principal obstáculo para cerrar los contratos.
A esta situación se suma el temor a las ocupaciones ilegales. Una de las profesionales asegura que algunos propietarios residentes habitualmente en la Península han regresado a Ceuta para vigilar sus inmuebles. «Han decidido venirse para evitar una okupación. Están entrando en las casas, están forzando las casas», denuncia.
Aumentan las viviendas puestas a la venta
La incertidumbre también empieza a trasladarse al mercado de compraventa. Según las inmobiliarias consultadas, varios propietarios han decidido poner sus viviendas a la venta durante las últimas semanas.
«Si normalmente salen al mercado una o dos viviendas cada semana, ahora estamos viendo siete u ocho», explica una de las fuentes. La cifra supone multiplicar hasta por ocho la oferta semanal habitual, de acuerdo con el testimonio de esta profesional.
La presión inmobiliaria se produce mientras miles de inmigrantes permanecen en Ceuta tras la invasión de finales de julio. El Gobierno calcula que todavía quedan en la ciudad unas 5.000 personas, después de que alrededor del 90% haya regresado a Marruecos. El Ejecutivo estima que hasta 2.500 serían menores y otras 2.500 podrían solicitar asilo, aunque fuentes locales consideran que la cifra real es superior.
Las consecuencias también alcanzan al comercio. Los establecimientos ceutíes han denunciado hurtos, pérdidas y dificultades para mantener su actividad, mientras que la Cámara de Comercio cifra en cerca de 30 millones de euros el impacto económico provocado por la entrada masiva.
