Empieza la cuenta atrás para Almaraz. Las propietarias de la central —Iberdrola, Endesa y Naturgy— registraron este jueves la solicitud oficial para prolongar la vida útil de sus dos reactores hasta junio de 2030. El Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, acusó recibo pocas horas después y deberá trasladar toda la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), encargado de emitir un informe determinante. Este dictamen podría demorarse hasta septiembre de 2027, apenas dos meses antes del vencimiento de la actual licencia de explotación, prevista para el 1 de noviembre de ese año.

Aunque el CSN avale la prórroga, la última palabra recaerá en Moncloa, que podrá tardar hasta medio año más en decidir. Los plazos son tan ajustados que el riesgo de que la decisión llegue tarde es real. Las compañías eléctricas esperaron hasta el último día para iniciar el trámite, lo que ha puesto el reloj contra las cuerdas.

Fuentes del sector reconocen que el margen es mínimo. En su solicitud, las eléctricas han pedido que el proceso se resuelva “con la antelación suficiente”, conscientes de que el punto de no retorno para Almaraz se alcanzará en marzo de 2026. A partir de entonces, la continuidad técnica de la planta se complica: el ciclo de suministro de combustible nuclear exige unos 18 meses para encargos y autorizaciones, y los periodos de formación de personal especializado superan el año, detalla El Mundo.

El precedente más cercano es el de la central de Trillo, cuyo dictamen del CSN se retrasó más de doce meses. En el caso de Almaraz, se espera una tramitación algo más ágil, ya que superó con éxito su última revisión periódica de seguridad, válida hasta 2030. Sin embargo, el Consejo podría imponer nuevas obras o refuerzos de plantilla antes de conceder su aprobación definitiva.

La decisión final será, en todo caso, política. El informe del CSN solo tiene carácter vinculante si es negativo. Si el Consejo considera que la prórroga es segura, el Gobierno podrá ratificarla o rechazarla discrecionalmente. “Todo depende del Ministerio; el criterio técnico no garantiza la continuidad”, admiten fuentes del entorno regulador al citado diario.

Mientras tanto, el CSN tramitará en paralelo el expediente de cierre de la planta, un procedimiento que no implica el cese inmediato, pero que abre la puerta a esa posibilidad. Las eléctricas han pedido al Ministerio que deje sin efecto ese proceso, con el objetivo de “clarificar el rumbo” y mostrar que todas las partes avanzan hacia la renovación. Pero el Consejo difícilmente accederá: si sólo se tramitara la prórroga y esta no prosperase, Almaraz quedaría en un limbo administrativo que el organismo no contempla.

En las próximas semanas, el CSN concentrará la atención mediática, política y económica. Su decisión será clave no sólo para el futuro de la central extremeña, sino también para la política energética del Gobierno, la seguridad de suministro y el empleo en la región. Pero desde el organismo insisten en que su función es exclusivamente técnica: velar por la seguridad nuclear, no valorar las consecuencias económicas de un cierre.