El contrato adjudicado por el Gobierno a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por World Aviation y Elit’Avia, para proporcionar servicios de vigilancia y rescate marítimo en tres bases de España, ha suscitado preocupación tras conocerse que estas compañías no estaban capacitadas para cumplir con las exigencias del contrato. Las ubicaciones clave, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Santiago de Compostela, debían estar operativas las 24 horas del día, los 365 días del año, de acuerdo con el pliego técnico de la licitación —por la que se pagaron 8,8 millones de euros—, pero informes obtenidos por el diario ACTIVOS en colaboración con La Provincia, apuntan a que existirían varias carencias que ponen en duda la viabilidad del servicio.
En la base de Las Palmas, actualmente sólo hay un avión operativo y una única tripulación de World Aviation en la isla, según fuentes cercanas a la investigación. Para cumplir con los requisitos establecidos por Salvamento Marítimo, cada misión debe contar con un equipo completo de un piloto, un copiloto, dos operadores de medios y un técnico de apoyo. Además, las tripulaciones deben estar disponibles para despegar en un plazo máximo de 60 minutos, el mismo tiempo estipulado para ejecutar la orden de movilización en situaciones de emergencia.
Salvamento Marítimo, por su parte, ha asegurado que las tres bases ya están operativas y que las tripulaciones rotan en función de las necesidades del servicio. La licitación, valorada en 42 millones de euros, cubre un periodo de hasta cinco años, con más de ocho millones destinados anualmente a la prestación de estos servicios. El contrato otorgado a esta UTE, que también incluye la operación desde la sede en Malta de Elit’Avia, ha sido objeto de controversia desde el principio, cuando el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) impugnó el pliego de condiciones, argumentando que no se contemplaba la subrogación de empleados ni se cumplían con ciertos requisitos laborales. Sin embargo, el Tribunal desestimó el recurso, afirmando que las condiciones laborales se rigen por el convenio colectivo y que el pliego no violaba la normativa.
El cambio de empresas coincide con el incremento de llegadas de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias, en especial desde Senegal. En los últimos 13 meses, han desembarcado más de 62.000 personas en 907 embarcaciones precarias, como cayucos y pateras. El avión de Salvamento Marítimo es una herramienta esencial en la localización de estas embarcaciones, ya que facilita la orientación de los buques de rescate hacia el punto exacto donde se encuentran las lanchas. Este martes, la aeronave localizó un cayuco a la deriva en la misma zona donde, días antes, se produjo un naufragio que se cobró la vida de 63 personas procedentes de Senegal, Malí y Guinea.
El proceso de adjudicación del contrato, gestionado por Salvamento y Seguridad Marítima, organismo dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, estuvo plagado de incidentes. La licitación se retrasó y se revisaron varios aspectos antes de que la UTE se quedara con el contrato, a pesar de que el Comité de Valoración identificó múltiples deficiencias en la propuesta, otorgándole solo 24,5 puntos de los 40 posibles. A pesar de las críticas, al ser la única candidata, la UTE recibió la adjudicación y tuvo hasta agosto de 2024 para adquirir el equipo técnico necesario para cumplir con los servicios contratados.
Entretanto, el sindicato policial Jupol ha denunciado las deficientes condiciones de seguridad y laborales en el Aeropuerto de Gran Canaria y otros puntos clave, subrayando la falta de personal para hacer frente a la creciente afluencia de solicitantes de asilo que llegan en vuelos procedentes de Marruecos, con destino final en Sudamérica pero con escala en España.
