El Gobierno aprobará este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministro, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales.
El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular —para frenar la labor de VOX en la investigación de los casos de corrupción que afectan al PSOE—, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que «los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado, y la investigación la lleve la Fiscalía».
La ley cuenta con la oposición de las asociaciones judiciales, que reiteran que es «inconstitucional». Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ya señaló que parece que lo que se pretende no es restringir el ejercicio de la acusación popular, «sino más bien buscar la impunidad». «La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», aseveró.
