El Gobierno de las Islas Baleares revisará uno a uno los contratos adjudicados por la socialista Francina Armengol a empresas implicadas en la trama Koldo. La administración que preside la popular Marga Prohens ha iniciado la supervisión individualizada de cada obra encargada a las compañías que supuestamente pagaron mordidas a dirigentes del PSOE.
Mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la relación de Armengol con los miembros de la red corrupta por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el actual Ejecutivo autonómico quiere conocer el importe pagado por cada proyecto y las circunstancias en que fueron adjudicados bajo el mandato de la ahora presidenta del Congreso.
El foco está puesto en los contratos otorgados a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL, que consiguió encargos del Gobierno regional por valor de 9,6 millones de euros durante la etapa de Armengol. Su máximo responsable ya ha tenido que declarar ante el Tribunal Supremo.
El mayor de estos contratos, por 9,3 millones, fue la construcción de un centro para personas dependientes en Son Dureta, en el que la compañía se impuso en un concurso al que concurrieron cuatro ofertas. La obra quedó sin terminar después de que la constructora se declarase en quiebra a mitad de los trabajos. Un patrón que también se ha repetido en otras adjudicaciones de la misma empresa en la península, ahora investigadas por posible amaño.
Junto a los contratos de Levantina, el Ejecutivo de Prohens revisará otros proyectos adjudicados durante la gestión socialista, como la rehabilitación de los puentes de Sa Picarda y Sa Barranquera en Sineu, y el del puente del carril en Consell. Las tres obras, adjudicadas a la empresa SFM, suman casi 300.000 euros.
Una vez examinados estos contratos, el Ejecutivo balear analizará también las adjudicaciones realizadas a otras empresas, entre ellas Acciona, que alcanzan cifras muy superiores y suponen una mayor complejidad en la supervisión.
A la espera de los informes de la UCO
El juez Ismael Moreno solicitó hace semanas informes sobre la presunta organización criminal de la que formaban parte José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, así como otros miembros del PSOE aforados, entre ellos Francina Armengol.
Uno de esos informes, que el juez espera recibir en los próximos días y que podría conocerse antes de finalizar julio, versa sobre la compra de mascarillas falsas por parte del Gobierno de Armengol durante la pandemia. No se descarta que otro informe aborde la adjudicación de obras públicas a las empresas vinculadas a la trama en Baleares.
