El grupo parlamentario de VOX en Baleares solicitó a la Consejería de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno balear, en manos del PP, la cifra de inmigrantes ilegales que han recibido viviendas públicas, según ha denunciado el diputado en el Congreso y portavoz de Vivienda de VOX, Carlos Hernández Quero, en la red social X.
La consejería no ha respondido y ha señalado que «la heterogeneidad en la naturaleza de los datos, la ausencia de un sistema común de identificación y la diferente periodicidad y metodología de actualización impiden actualmente realizar un cruce fiable y exhaustivo de la información. Asimismo, existen restricciones legales y de privacidad que limitan el acceso y la consolidación de datos sensibles entre entidades», recoge el escrito fechado el pasado 16 de junio y firmado por la consejera, Catalina Cirer.
«En consecuencia, y a fin de garantizar la integridad, fiabilidad y confidencialidad de los datos, así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, no es viable extraer y consolidar la información solicitada», añade.
El propio Hernández Quero defendió hace unas semanas en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana la iniciativa registrada por su grupo para elaborar un informe a nivel estatal que recoja los datos del impacto que tienen las políticas de fronteras abiertas en la crisis habitacional que sufren los españoles. «No hay políticas públicas sin datos (…). Si no se dispone de datos ni de informes, se terminan dando palos de ciego», agregó.
«En la intersección entre vivienda e inmigración no hay datos. No existen. Y no será porque mi grupo parlamentario no ha querido recabarlos», dijo, antes de manifestar que el Ejecutivo «no sabe absolutamente nada» sobre el número de viviendas ocupadas por inmigrantes ilegales, el porcentaje de vivienda social asignado a personas nacidas en el extranjero o el impacto de la compra de vivienda por parte de no residentes.
