El Gobierno de Pedro Sánchez ha formalizado este lunes un nuevo contrato de más de tres millones de euros con Cruz Roja para reforzar durante solo un mes la atención a la inmigración en las costas de Canarias, una adjudicación tramitada por la vía de urgencia que vuelve a reabrir el debate sobre el gasto público y la gestión de la crisis migratoria.
La partida, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 y adelantada por @CanarioToday, está destinada a ampliar los medios en puertos y puntos de desembarco de seis islas del archipiélago: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. El contrato incluye refuerzos de personal, apoyo logístico en costas y la entrega de material básico de abrigo e higiene a los inmigrantes que lleguen en patera.
El acuerdo tendrá vigencia únicamente entre el 1 y el 31 de octubre de 2024, un periodo muy limitado para una inversión que supera los tres millones de euros y que ha sido declarada exenta de IVA. Además, se ha tramitado como procedimiento de emergencia, lo que reduce los controles habituales y los plazos de fiscalización.
Según la documentación oficial, el objetivo es incrementar la capacidad de atención en los puntos más tensionados del archipiélago, donde se están produciendo continuas llegadas de embarcaciones. Sin embargo, el volumen del gasto vuelve a generar fuertes críticas por tratarse de una solución temporal que no aborda el problema estructural de fondo.
Desde sectores críticos con el Ejecutivo se denuncia que este tipo de contratos exprés se han convertido en una práctica recurrente, con millones de euros destinados a parches provisionales mientras se mantiene intacta una política migratoria que, a su juicio, ha desbordado a las comunidades receptoras.
El nuevo desembolso se suma así a una larga lista de adjudicaciones relacionadas con la crisis migratoria en Canarias, una situación que sigue tensionando los recursos públicos y que vuelve a situar al Gobierno en el centro de la polémica por su estrategia y por el uso de fondos extraordinarios para hacer frente a una emergencia que, lejos de remitir, se cronifica.
