El Gobierno continúa ejecutando traslados sistemáticos de inmigrantes desde el CETI de Melilla hacia Cádiz y Málaga en pleno repunte de las entradas ilegales y mientras se desarrolla una intensa actividad antiterrorista en la frontera sur.

Los movimientos siguen una cadencia prácticamente quincenal y los dos últimos, registrados el 2 y el 16 de julio con destino a Málaga, confirman que la política de dispersión del Gobierno permanece activa en verano y que la práctica no se ha interrumpido pese al aumento de la presión migratoria.

La secuencia incluye el traslado de 12 inmigrantes ilegales a Cádiz el 22 de abril, tres a Málaga el 7 de mayo, 15 a Cádiz el 25 de mayo, otras 14 a Cádiz el 11 de junio, cuatro a Málaga el 2 de julio y seis más a Málaga el 16 de julio. En total suman más de 50 inmigrantes ilegales en menos de tres meses. El perfil es homogéneo, son mayoritariamente varones marroquíes de entre 18 y 32 años, aunque de forma aislada ha aparecido algún nacional de terceros países, entre ellos un egipcio, dato que las fuentes policiales interpretan como posible indicio de nuevas rutas que sumarían presión adicional sobre la frontera sur.

Los traslados coinciden con un incremento claro de las entradas ilegales en Melilla. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año se han registrado 165 accesos por vía terrestre frente a los 113 del mismo periodo de 2025 (+46%) y 16 por vía marítima frente a nueve (+77,8%), con cuatro embarcaciones interceptadas. En conjunto, el acumulado ronda los 181 frente a los 122 de 2025, un repunte cercano al 48% interanual.

A esta presión migratoria se suma una segunda variable de seguridad. En lo que va de año se han desarrollado en Melilla tres operaciones vinculadas al terrorismo yihadista, con 11 detenidos según fuentes policiales. Ambos fenómenos —migratorio y antiterrorista— son distintos, pero convergen sobre el mismo territorio y los mismos recursos policiales en un enclave que concentra simultáneamente el control de flujos y una vigilancia reforzada. Que ambas curvas apunten al alza al mismo tiempo dibuja un cuadro de exigencia creciente sobre unos efectivos que operan en un perímetro reducido y aumenta los riesgos ante una política de traslados que debería ser suspendida, según las fuentes consultadas.

Según las mismas fuentes policiales, esta política de traslados sistemáticos y la ausencia total de devoluciones están generando un claro «efecto llamada» que dispara la presión migratoria sobre la ciudad autónoma. La dispersión migratoria hacia la Península funciona como un reclamo para quienes intentan entrar de forma ilegal, ya que saben que, una vez dentro del CETI, existe una alta probabilidad de ser trasladados al continente en lugar de ser devueltos. Esta dinámica, lejos de aliviar la frontera sur, está incentivando nuevas llegadas y consolidando Melilla como punto de entrada atractivo, al tiempo que mantiene saturados los recursos de acogida y seguridad sin resolver el problema de fondo.

Mientras tanto, la respuesta del Ejecutivo a la saturación del CETI sigue siendo la misma: trasladar a la Península a quienes entran. Las fuentes consultadas advierten de que esta válvula de descompresión cuasi-quincenal se mantiene activa precisamente cuando las entradas ilegales y la amenaza yihadista registran incrementos simultáneos, sin que se adopten medidas que disuadan efectivamente la grave situación actual que vive la ciudad autónoma.