El Ayuntamiento de Madrid (PP) aprobará este jueves una amplia modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible con la que pretende relanzar su estrategia de control del tráfico tras el revés judicial a sus zonas de bajas emisiones. La reforma permitirá alargar horarios, cobrar también domingos y festivos y extender el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a 22 nuevos barrios repartidos entre siete distritos. Una medida que, de nuevo, carga sobre los vecinos el coste de unas políticas de movilidad que el Gobierno municipal intenta recomponer.
La nueva regulación concede a la Junta de Gobierno la posibilidad de imponer horarios extendidos en las zonas donde ya existe el SER y se aprecia una elevada presión de aparcamiento. Ese horario podrá superar las 21.00 horas de lunes a viernes y las 15.00 horas de los sábados, además de implantarse por primera vez en domingos y festivos. Todo ello permanecerá vigente mientras el Ayuntamiento considere que la demanda sigue justificándolo.
El Consistorio defiende la medida como herramienta para garantizar plazas a los residentes en áreas con fuerte actividad comercial, turística o de ocio. Sin embargo, la ampliación responde también a la voluntad del PP de mantener su estructura normativa pese al desgaste judicial y social que arrastra desde 2021. El argumento ambiental —mejora de la calidad del aire y de la sostenibilidad— vuelve a presentarse como soporte político de unas restricciones que afectan principalmente a quienes viven en los barrios afectados.
La extensión del SER añade 66.120 nuevas plazas, un crecimiento del 36% respecto a las 181.493 actuales. El sistema llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz, y ampliará su alcance en Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal. Con ello, la regulación pasará de 13 a 15 distritos, un salto notable que vuelve a poner a los residentes en el centro de la presión recaudatoria.
La implantación será progresiva, siempre que las Juntas de Distrito y los vecinos —consultados formalmente pero sin capacidad vinculante— den su visto bueno. La primera fase deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2029, con 11.372 plazas en barrios ya contemplados desde 2021: Peñagrande, Valdezarza, Opañel, San Isidro y Costillares.
La segunda fase llegará antes del 31 de diciembre de 2035, abarcando los nuevos barrios incorporados ahora: Valverde; Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel; Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre; Zofío y Orcasur; Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción; Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua; y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia.
Cuando termine el despliegue, Madrid pasará de 181.493 a 258.985 plazas SER, un incremento del 42,7%, la mayoría restringidas a residentes pero bajo un esquema que multiplica el control y el coste.
La ofensiva regulatoria llega un año y tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara las zonas de bajas emisiones incluidas en la ordenanza. Pese a que el recurso sigue pendiente, el Ayuntamiento se apresura ahora a rehacer la norma para blindar de nuevo esas zonas e incorporar el informe económico cuya ausencia provocó la caída de la ordenanza anterior.
Mientras la Justicia continúa analizando el caso, el PP opta por avanzar en la línea de mayor control, mayor intervención y mayor coste para los madrileños, ampliando el SER como pieza clave de su modelo de movilidad.
