Según información presupuestaria consultada por LA GACETA en fuentes oficiales del Gobierno autonómico, el Ejecutivo aragonés, liderado por el Partido Popular desde julio de 2023, ha aprobado partidas que suman exactamente 1,8 millones de euros en subvenciones específicas para la realización de informes de extranjería entre 2023 y 2026. 

Estas ayudas económicas, destinadas a ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales, financian la valoración técnica previa y la elaboración de los informes oficiales obligatorios para los procesos de regularización por arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, familiar o de segunda oportunidad). Tras la reforma del Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024, en vigor desde mayo de 2025), que ha facilitado estos trámites, las solicitudes han aumentado un más de un 40 por ciento en todo el país, por lo que estas subvenciones permiten a las entidades agilizar la emisión de más informes ante la mayor demanda. Sin embargo, las convocatorias no exigen ni incluyen mecanismos específicos para verificar de forma adicional el historial previo de los inmigrantes ilegales solicitantes (como expulsiones antiguas no cumplidas, multas graves por irregularidad pasada o fraudes en trámites anteriores que no supongan prohibición de entrada vigente), centrándose principalmente en la integración actual (empadronamiento, vínculos familiares/sociales, cursos, etc.) y en los requisitos del momento, sin cribados preventivos más profundos más allá de lo que ya obliga la normativa general de extranjería.

La primera partida, incluida en los presupuestos de 2023 y 2024, asignó 300.000 euros para cada año (600.000 euros totales) a esta línea específica, dedicada a la realización de la valoración técnica previa de informes o realización y firma de informes que establece la normativa de extranjería, según lo dispuesto en el artículo 124.1 y 2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Estos informes son un requisito indispensable para que los inmigrantes ilegales obtengan permisos de residencia a través de vías como el arraigo.

En los presupuestos de 2024 y 2025, se destinaron otros 300.000 euros por ejercicio (600.000 euros totales) a la misma línea, con idéntica descripción referenciada al Reglamento de Extranjería. La financiación proviene de aplicaciones presupuestarias del Departamento de Bienestar Social y Familia, y se condiciona a que las entidades beneficiarias estén al día en obligaciones fiscales y no tengan sanciones por discriminación.

Finalmente, en los presupuestos de 2025 y 2026, se asignan otros 300.000 euros por año (600.000 euros totales) a esta línea, con una descripción actualizada que incorpora la modificación por el Real Decreto 1155/2024: realización de la valoración técnica previa de informes o realización y firma de informes que establece la normativa de extranjería, según lo dispuesto en el artículo 124.1 y 2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, modificado por Real Decreto 1155/2024. Esta partida representa el 60% del total anual de la convocatoria y apoya directamente los trámites ampliados por la reforma, que ha facilitado regularizaciones en un año donde las solicitudes por arraigo aumentaron significativamente.

A esta cuantía de 1,8 millones de euros se suman otras inversiones relacionadas con la inmigración en Aragón, como el incremento de subvenciones a entidades como Cruz Roja durante el mandato del PP, que han disparado el gasto en acogida en plena ola de inmigración masiva en la región. Todo ello en un contexto donde la cifra de extranjeros detenidos o investigados en Aragón se ha disparado casi un 30 % en un año, tal como informó este medio. Este aumento en detenciones, que alcanzó picos en delitos como hurtos y robos en zonas rurales y urbanas, coincide con presiones en servicios sociales derivadas de flujos ilegales secundarios desde otros territorios nacionales. La reforma de extranjería ha acelerado procesos de arraigo, pero sin un refuerzo equivalente en filtros contra irregularidades, lo que podría agravar la sobrecarga en regiones como Aragón, con alta demanda en sectores como la agricultura estacional.

En resumen, estas partidas del Gobierno de Aragón del PP, que suman 1,8 millones de euros específicamente para informes de extranjería, plantean dudas sobre su impacto. Aunque se enmarcan en competencias autonómicas para integración, apoyan directamente procesos de regularización que, en un marco nacional de descontrol, podrían incentivar asentamientos sin un refuerzo equivalente en verificación o control.