El gasto en inmigrantes ilegales sigue multiplicándose en España y empieza a aflorar con cifras concretas en distintas administraciones. Una respuesta oficial del Cabildo de Lanzarote a una pregunta formulada por VOX ha puesto números al coste de la atención a menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias, revelando un gasto anual de 27.361 euros por menor en 2025.

El documento, emitido por el área de Bienestar Social e Inclusión y adelantado por @CanarioToday, detalla la evolución de los recursos destinados a estos menores en los últimos años. Según los datos aportados, el desembolso acumulado desde 2023 supera los 4,9 millones de euros únicamente en la gestión de centros para menores migrantes, una cifra que se suma al coste de los centros destinados a menores nacionales.

La red de acogida en Lanzarote, que inicialmente contaba con cuatro centros y unas 50 plazas desde 2015, ha tenido que ampliarse progresivamente ante el aumento de llegadas. En 2018 se habilitó un nuevo recurso en el municipio de Yaiza con 15 plazas, mientras que en 2019 se puso en marcha el dispositivo de emergencia de La Santa, que arrancó con capacidad para 80 menores.

Los datos económicos reflejan un incremento sostenido del gasto. En 2023, la gestión de centros para menores migrantes supuso más de 2,19 millones de euros, con 95 plazas disponibles. En 2024, el gasto se situó en torno a 1,77 millones, mientras que en 2025, aunque el número de plazas se redujo a 35, el coste sigue siendo elevado, con más de 957.000 euros destinados a este fin.

Desde el Gobierno de Canarias también se ha reconocido este nivel de gasto en respuesta a iniciativas parlamentarias, confirmando el coste medio por menor para el presente ejercicio. Estas cifras han reabierto el debate político sobre el impacto económico de la inmigración ilegal, especialmente en territorios frontera como Canarias, donde la presión migratoria es más intensa.

Mientras tanto, distintas formaciones políticas continúan exigiendo mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y reclaman medidas para contener el gasto, en un contexto en el que las administraciones locales y autonómicas aseguran estar al límite de su capacidad de acogida.