El Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular, está destinando dinero público para que las ONG financien a los menores extranjeros no acompañados (menas) entradas de boxeo, cuotas de gimnasio y ropa deportiva. Así lo reflejan varias facturas y recibos correspondientes a la asociación Quorum Social 77, en los que aparecen gastos relacionados con actividades deportivas y de ocio sufragados con fondos públicos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados.

Entre la documentación avanzada por @CanarioToday figuran distintos justificantes de pago. Uno de ellos corresponde a la compra de dos conjuntos deportivos por un importe de 99,80 euros. Otro recoge el abono de una cuota de gimnasio de 1.407 euros, en la que se detalla una mensualidad para 35 personas y el pago de una matrícula. Además, un tercer recibo acredita un desembolso de 300 euros para la adquisición de 30 entradas de boxeo. En conjunto, estos tres documentos reflejan un gasto de 1.806,80 euros.

Las facturas identifican como destinataria de los servicios a la asociación Quorum Social 77, una de las entidades que trabaja en la gestión de recursos destinados a menores extranjeros no acompañados en Canarias. Los pagos corresponden a establecimientos dedicados a la venta de equipamiento deportivo, centros de entrenamiento y actividades relacionadas con deportes de contacto.

La documentación pone de manifiesto que parte de los recursos públicos destinados a la atención de estos menores se emplean en financiar actividades deportivas y de ocio, incluyendo la práctica del boxeo y el acceso a gimnasios. Los justificantes incorporan conceptos, importes y datos fiscales de los proveedores, así como la identificación de la entidad que realiza los pagos.

La gestión de los menores extranjeros no acompañados se financia mediante fondos públicos canalizados a través de convenios y contratos suscritos con distintas organizaciones sociales. Estas entidades son las encargadas de administrar los recursos asignados para la atención de los menores bajo tutela de la Administración autonómica.

La difusión de estas facturas vuelve a situar el foco sobre el destino de los fondos públicos empleados en la gestión de los centros de menores en Canarias y sobre los criterios seguidos por las entidades adjudicatarias para justificar los gastos realizados con cargo a esos recursos.