Siete de cada diez menores extranjeros no acompañados (menas) sometidos a pruebas para determinación de su edad en la Comunidad de Madrid son adultos, según los datos correspondientes a 2024 manejados por la Fiscalía madrileña. Las cifras reflejan que, de los jóvenes a los que finalmente se les practicó la prueba radiológica para verificar su edad, una amplia mayoría había declarado falsamente ser menor de 18 años. Este porcentaje supera ampliamente la media nacional, donde el fraude detectado ronda el 39%, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado.
Durante el pasado año se incoaron en la Comunidad de Madrid 848 expedientes de determinación de edad, muy por encima de los 482 registrados en 2023. Sin embargo, más de la mitad de esos procedimientos terminaron archivándose porque los interesados abandonaron los centros de acogida antes de someterse a las pruebas médicas. De los 378 expedientes que sí concluyeron con radiografía, únicamente 112 correspondían realmente a menores, mientras que 266 personas eran mayores de edad, lo que supone que los casos de fraude prácticamente se triplicaron respecto al ejercicio anterior.
La elevada llegada de jóvenes extranjeros ha incrementado la presión sobre el sistema de protección de menores. Desde 2018, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados, mientras que solo en 2024 ingresaron 2.442 y durante 2025 ya se habían superado los 1.600. Además, el Gobierno regional ha presentado 29 denuncias ante la Policía al detectar que varios jóvenes acogidos bajo tutela autonómica eran en realidad adultos cuando accedieron a los recursos asistenciales.
La Fiscalía también advierte de las dificultades operativas que está generando esta situación. El fuerte incremento de expedientes ha provocado un importante retraso en la realización de las pruebas médicas, ya que únicamente el Hospital Gregorio Marañón realiza las radiografías utilizadas para determinar la edad. Según el Ministerio Público, los informes pueden demorarse hasta ocho meses, circunstancia que repercute tanto en el funcionamiento de los centros de acogida como en los recursos sanitarios y administrativos.
Buena parte del aumento de llegadas se concentra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la Fiscalía, 1.110 de los 1.937 menores registrados en 2024, es decir, alrededor del 57%, accedieron a la región por vía aérea, principalmente en vuelos procedentes de Casablanca y Egipto. A ello se suma el traslado a Madrid de inmigrantes llegados inicialmente en patera a Canarias o al sur de España, tras la apertura de centros de acogida estatales en antiguos cuarteles de Carabanchel y Alcalá de Henares.
Otra circunstancia que ha llamado la atención de las autoridades es que el reciente proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha permitido detectar nuevos casos de personas que años atrás afirmaron ser menores y que ahora, al aportar documentación oficial, han acreditado que ya habían cumplido los 18 años cuando llegaron a España. Paralelamente, el Ejecutivo madrileño ha solicitado la repatriación de 119 menores extranjeros, al considerar que cuentan con familiares localizados en sus países de origen y que esa medida favorecería la reunificación familiar. No obstante, las fuentes policiales reconocen que estos procedimientos suelen verse dificultados por la escasa colaboración de algunos consulados.
En el conjunto de España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra en 21.104 los jóvenes extranjeros tutelados y extutelados de entre 16 y 23 años. Según ese departamento, el 56% se encuentra afiliado a la Seguridad Social y la práctica totalidad de los menores en edad laboral dispone de autorización de residencia y trabajo. Mientras tanto, el incremento de expedientes por presunto fraude en la determinación de edad continúa alimentando el debate sobre los mecanismos de control, la capacidad de los recursos públicos y la gestión del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados.
