Esta semana, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, resumió la cobertura internacional de la guerra en Gaza en una secuencia: se acusa a Israel, la ONU repite la acusación, el mundo condena, y cuando la verdad sale a la luz, nadie se disculpa. No hay correcciones. No hay retractaciones. El ciclo simplemente vuelve a empezar con la siguiente acusación.
Sin embargo, en estos días ese ciclo tuvo, por una vez, una grieta. Y vale la pena detenerse como evidencia de un patrón sistemático: durante toda la guerra, una parte sustancial del aparato mediático y humanitario internacional fue funcional, de forma mayoritariamente deliberada, a la estrategia central de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP). Hablamos de camuflar combatientes bajo identidades civiles protegidas, como periodista, médico, trabajador humanitario, para explotar después su muerte como munición propagandística.
El formato que eligió Danon en el Consejo de Seguridad fue el de un juego de preguntas. Un cuestionario simulado titulado «¿Periodista o terrorista?», con fotografías de hombres presentados durante meses por medios y organismos internacionales como civiles protegidos. Al girar cada imagen aparecía la otra cara: la misma persona armada, entrenando o vistiendo uniforme de combate. Los casos eran Mohamed Naser Abu Huwaidi, Ahmed Samir Muhammad Washah y el trabajador de UNRWA Mohammad Abu Itiwi.
Por ejemplo: el secretario general de la ONU, el socialista Antonio Guterres (que dicho sea de paso se condolió a comienzos de la guerra por la muerte del carnicero ayatola Jamenei), había llorado públicamente la muerte de Itiwi en 2024. La semana pasada, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani lamentó la muerte de Washah calificándolo de «periodista de Al Jazeera». Sin embargo, del otro lado de la fotografía, según reconstruyó Danon ante los embajadores, se mostraba que se trataba de terroristas: un miembro de la fuerza de élite Nukhba, la misma que encabezó las masacres del 7 de octubre, un comandante de la Yihad Islámica Palestina y un francotirador de Hamás.
El caso Washah no fue un exabrupto aislado de Mamdani, sino la continuación de un patrón que el alcalde viene sosteniendo desde antes de asumir. De hecho, comparte las tesis de las organizaciones terroristas. Días atrás, en una entrevista con Jonathan Karl de ABC News, dijo directamente que no apoya el carácter de Israel como Estado judío. No sorprende que el alcalde haya dado por sentada, sin dudar un segundo, la identidad periodística de un francotirador de Hamás, no es un desliz: es la aplicación de un marco que ya traía puesto.
El caso de Ahmed Washah tiene una segunda capa que rara vez se menciona. Su hermano mayor, Mohammed Samir Washah, también corresponsal acreditado por Al Jazeera, había muerto meses antes en un ataque israelí que apuntó a una pieza clave en la producción de cohetes y armamento de Hamás. La propia ficha del CPJ sobre Mohammed Washah documenta la acusación israelí, pero también recoge la defensa: una fuente anónima «cercana a Hamás» le aseguró al Comité que Washah nunca estuvo afiliado a las brigadas del grupo y que las imágenes difundidas por fuentes israelíes eran probablemente falsas; el propio CPJ admite no haber podido verificar la autenticidad de ese material. Es decir, la organización que debía auditar la acusación terminó apoyándose en el testimonio anónimo de alguien vinculado a la propia organización terrorista señalada. Pese a esa defensa endeble, y pese a que Ahmed, su hermano francotirador, ya había sido señalado semanas antes, Mohammed seguía figurando como reportero en actividad en la base de datos del CPJ.
El caso de Abu Huwaidi ilustra el mecanismo con particular claridad. Cuando murió en Gaza a fines de 2023, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, emitió una condena pública identificándolo como periodista civil asesinado por Israel. Meses después, la propia Yihad Islámica Palestina publicó obituarios oficiales reivindicándolo como miembro de pleno derecho de su organización, caído en combate. La condena de la UNESCO tuvo amplia difusión. La corrección, como señaló Danon ante la ONU, nunca llegó.
Es la misma dinámica que documentó el Henry Jackson Society en 2024 respecto de las cifras de víctimas: sólo el cinco por ciento de los medios relevados citó las cifras entregadas por las autoridades israelíes, mientras que el 98 por ciento reprodujo, sin matices, los números del ministerio de salud controlado por Hamás. Durante dos años, la inmensa mayoría de la prensa mundial trasladó a cientos de millones de lectores una contabilidad de guerra producida por la organización que libraba esa guerra.
La pieza que le dio actualidad a este debate llegó el 25 de junio, cuando el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una de las organizaciones de libertad de prensa más influyentes del mundo, cuya base de datos de «periodistas asesinados en Gaza» fue citada durante toda la guerra como prueba de que Israel atacaba deliberadamente a la prensa, anunció que emprendía una revisión completa de su listado. El motivo, admitido por la propia organización, fue que Hamás y la YIP habían publicado obituarios propios identificando como combatientes a personas que el CPJ tenía catalogadas como periodistas. Desde ya, CPJ no había hecho su trabajo y reaccionó sólo ante la evidencia que exponía su mala fe.
El comunicado del CPJ reconoció haber eliminado ocho nombres de su base de datos tras confirmarse que se trataba de combatientes de Hamás o la YIP, y otros doce por motivos adicionales: veinte nombres en total. Pero la historia no terminó con el oportunista gesto de transparencia. El 1 de julio, apenas seis días después de anunciar la revisión, el directorio del CPJ votó, por 17 votos contra 1, con Fox News como único voto en contra, para ratificar su definición existente de periodista, una definición que incluye explícitamente a personas que trabajan para medios afiliados a grupos catalogados como terroristas, siempre que «no estén participando en combate ni incitando a la violencia de forma inminente». El propio comunicado del CPJ, curiosamente, ya no mencionó la revisión completa que había anunciado apenas una semana antes.
El presidente del directorio, Jacob Weisberg, negó que la organización hubiera planeado excluir a periodistas palestinos y libaneses, y calificó de «infundadas» las versiones en sentido contrario. La cifra de 17 contra 1 no fue confirmada oficialmente por el CPJ (que se negó a informar cómo votó cada miembro) sino atribuida a una fuente con conocimiento directo de la sesión. La votación tuvo, además, un antecedente incómodo para la tesis de la «revisión independiente»: quien habría exigido formalmente ese voto para blindar la definición existente fue Nika Soon-Shiong, entonces miembro del directorio y editora del medio de ultra izquierda Drop Site News, que advirtió por escrito que «reabrir la pregunta de quién es periodista» exponía la base de datos del CPJ a presión política. Días después, Soon-Shiong fue apartada del directorio según declaró ella misma.
El CPJ cambió la versión y atribuyó la salida al vencimiento de su mandato, pero aun así, celebró la votación en redes sociales. La vicepresidente del directorio, Lydia Polgreen, columnista de opinión y ex editora ejecutiva adjunta del New York Times, también salió a respaldar la decisión, calificando de «información falsa y especulativa» las versiones que habían generado la controversia. Watchdogs como HonestReporting, por su parte, documentaron numerosos casos en los que el CPJ había incluido a combatientes confirmados en su listado y, en algunos casos, retiró esos nombres discretamente y sin reconocerlo en su momento.
El nombre de Polgreen es clave. En agosto de 2025 había publicado un artículo de opinión en el propio New York Times defendiendo a Anas al-Sharif, corresponsal de Al Jazeera, y descartando como infundada la evidencia que lo señalaba como miembro de una unidad de cohetes de Hamás (evidencia que incluía una fotografía suya junto al entonces jefe de Hamás, Yahya Sinwar, y un mensaje suyo en Telegram celebrando el ataque del 7 de octubre mientras este ocurría). Es decir que la misma dirigente que ahora sale a «ratificar» la definición amplia de periodista había sido responsable de blanquear, en el diario más influyente del mundo, uno de los casos más documentados de esa categoría.
El 2 de julio, el Comité para la Exactitud en los Reportajes sobre Oriente Medio (CAMERA) emitió una advertencia pública pidiendo a las grandes cadenas que revisaran su cobertura basada en los datos del CPJ, y nombró explícitamente a CBS, la BBC, Reuters, The Washington Post, CNN, Associated Press, PBS, MS Now (ex MSNBC) y el propio New York Times como medios que habían reproducido sin chequeo independiente las cifras hoy bajo revisión. Según un análisis de HonestReporting citado por NGO Monitor, de la lista del CPJ, cerca de un 20% eran miembros identificables de organizaciones terroristas; y según The Wall Street Journal, de los nombres en el listado a agosto de 2025, 26 trabajaban para Al-Aqsa TV, canal que el propio CPJ reconoce como «afiliado a Hamás», y otros 19 para Al-Quds Al-Youm, que el Departamento de Estado de EEUU identifica como operado por la Yihad Islámica.
El problema no se limita a las credenciales de prensa. CAMERA documentó de forma extensa vínculos entre empleados de UNRWA y Hamás, incluyendo la participación de personal de la agencia en los ataques del 7 de octubre, servidores de Hamás hallados bajo la sede de UNRWA en Gaza, y el uso de vehículos e instalaciones de la agencia con fines militares. En los videos del día del ataque, publicados por los mismos terroristas, existen numerosas y escalofriantes evidencias. Es el mismo patrón que con los «periodistas«: una identidad civil protegida utilizada como escudo operativo, y una comunidad internacional que adopta la designación sin verificarla y que, cuando la verificación llega, rara vez la corrige con el mismo volumen con que difundió la acusación original.
La evidencia acumulada deja un patrón difícil de negar: durante la guerra y actualmente, buena parte del ecosistema mediático y humanitario internacional prefirió creer la palabra de una organización terrorista antes que examinar la evidencia, y cuando esa misma organización terrorista terminó por confirmar, en sus propios obituarios de «mártires», que sus muertos no eran civiles sino combatientes, la corrección llegó tarde, a regañadientes, y sin el mismo alcance que tuvo la acusación original.
Ese desequilibrio entre la velocidad con que se difunde la acusación y la lentitud, cuando llega, de la corrección, no es un detalle técnico de gestión de datos. Es, en sí mismo, una forma de propaganda de guerra practicada no por los terroristas sino por quienes debían denunciarlos.
