La Junta de Andalucía, ahora en manos de PP y VOX, ha anunciado en el nuevo acuerdo de Gobierno que suprimirá todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG y asociaciones que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal.
La medida aparece recogida en el punto 16 del pacto entre ambas formaciones, bajo el epígrafe «Supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal». El texto establece que la Administración autonómica no destinará «ni un solo euro público» a estructuras que, según el acuerdo, puedan incentivar el efecto llamada.
VOX reivindica esta iniciativa como una de sus principales exigencias en materia migratoria. La formación sostiene que los recursos públicos deben dirigirse a cubrir las necesidades de los andaluces y no a financiar entidades que, a su juicio, contribuyan a mantener circuitos vinculados a la inmigración ilegal.
El acuerdo también apunta a aquellas organizaciones que actúen como cooperadoras necesarias de las mafias de tráfico de personas. En ese sentido, la Junta se compromete a revisar el destino de las partidas públicas y a cortar la financiación a entidades cuya actividad encaje en esos supuestos.
La aplicación de esta medida comenzará desde el primer presupuesto del nuevo Ejecutivo andaluz. A partir de ese momento, las consejerías deberán revisar las subvenciones, conciertos y convenios vigentes para determinar qué organizaciones cumplen los criterios fijados en el pacto y cuáles quedan fuera de la financiación autonómica.
La medida podría afectar a entidades que trabajen en el ámbito migratorio si la Junta considera que sus programas favorecen o sostienen la inmigración ilegal. Organizaciones como Cáritas quedarían incluidas en este recorte si la Administración concluye que alguna de sus actuaciones encaja en los supuestos previstos por el acuerdo.
El pacto PP-VOX también prevé revisar las funciones y la composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante. Con ello, el nuevo Gobierno autonómico busca reorientar la política migratoria andaluza hacia un modelo más restrictivo en el uso de fondos públicos y centrado, según el texto firmado, en evitar que el dinero de los contribuyentes financie actividades relacionadas con la inmigración ilegal.
