La ONG Quorum Social 77 vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la difusión de una factura que reflejaría el pago de 1.407 euros por un mes de cuotas de gimnasio para 35 menores extranjeros no acompañados (menas). El documento, avanzado por @CanarioToday, muestra como proveedor al centro deportivo ProLife Sport Center, ubicado en La Laguna (Tenerife), e incluye un concepto correspondiente a una mensualidad colectiva junto con el abono de matrículas.
De acuerdo con la factura difundida, el importe asciende a 1.314,95 euros antes de impuestos, a los que se suma el IGIC del 7%, alcanzando un total de 1.407 euros. En el documento figura como cliente Quorum Social 77, entidad que gestiona distintos recursos de acogida financiados con fondos públicos en Canarias. Hasta el momento, no consta una explicación oficial de la organización sobre el contenido de esta factura ni sobre el objetivo concreto de este gasto.
La aparición de este documento se produce en un momento especialmente delicado para la ONG, que en los últimos meses ha protagonizado diversas controversias relacionadas con la gestión de centros de menores migrantes. La entidad ha sido objeto de críticas políticas y mediáticas por el funcionamiento de algunos de los recursos que administra, así como por denuncias y expedientes vinculados a su actividad, cuestiones que han incrementado el escrutinio sobre el destino de los fondos públicos que recibe.
A ello se suma la investigación y revisión de distintos contratos públicos relacionados con la atención de menores migrantes en Canarias, un ámbito en el que Quorum Social 77 ha desempeñado un papel destacado. La gestión económica de estas entidades ha pasado a ocupar un lugar central en el debate político, con peticiones de mayor transparencia sobre los gastos financiados con dinero procedente de las administraciones. Además, también se han desvelado gastos sufragados por la propia organización de tabaco para los supuestos menores.
La factura difundida ha reavivado ese debate al cuestionarse si el abono de cuotas de gimnasio constituye un gasto prioritario dentro de los recursos destinados a la atención de menores tutelados. Mientras algunos defienden que la práctica deportiva puede formar parte de los programas de integración y bienestar físico de los jóvenes acogidos, otros consideran que este tipo de desembolsos deberían justificarse de manera detallada dada su financiación con fondos públicos.
En este contexto, la publicación del documento añade un nuevo elemento de controversia alrededor de Quorum Social 77, una organización que ya afronta un intenso foco mediático por distintas informaciones relacionadas con su gestión. A la espera de que la ONG o las administraciones competentes aclaren el alcance de este gasto, la factura ha alimentado nuevamente el debate sobre los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas de las entidades que gestionan recursos públicos destinados a la atención de menores migrantes.
