Fuentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA revelan que casi 5.000 inmigrantes ilegales que se presentaron como menores extranjeros no acompañados eran en realidad adultos.
Las memorias de la Fiscalía General del Estado confirman que estos inmigrantes fueron finalmente declarados mayores de edad durante los ejercicios 2023 y 2024. Según estas fuentes policiales, cada uno de estos falsos menores permaneció de media entre cuatro y cinco meses dentro del sistema de protección de menores antes de que se resolviera su expediente, lo que generó un coste estimado de entre 78 y 98 millones de euros sólo en esos dos años.
Acorde a los informes analizados por este medio, en 2023 se incoaron 7.422 diligencias preprocesales de determinación de la edad al amparo del artículo 35 de la Ley de Extranjería, de las que 2.436 concluyeron con decreto de mayoría de edad. En 2024 las cifras fueron prácticamente idénticas: 7.562 diligencias y 2.457 inmigrantes declarados finalmente adultos. El total del bienio asciende a 4.893 inmigrantes ilegales adultos que accedieron al sistema de protección de menores haciéndose pasar por menores de edad.
La propia Fiscalía General del Estado reconoce el problema en su memoria de 2024 sin ambigüedades. El documento señala que se estaban abriendo expedientes a personas que eran claramente mayores de edad y que incluso lo manifestaban en los propios centros. Además, en numerosas fiscalías se detectaron problemas de autenticidad en la documentación aportada para acreditar la edad.
Según las fuentes de la UCRIF, el tiempo medio que un inmigrante ilegal adulto permanece dentro del sistema haciéndose pasar por menor es de entre cuatro y cinco meses, siendo en casos excepcionales el plazo mayor. Ese periodo abarca desde la reseña policial hasta la emisión del decreto judicial que declara su mayoría de edad. Una vez resuelto el expediente, el inmigrante abandona el sistema de protección de menores, por lo que el coste real corresponde únicamente a esos meses de estancia y no a un año completo.
Con estas variables —4.893 adultos declarados en el bienio, una permanencia media de cuatro a cinco meses y un coste medio de unos 4.000 euros mensuales por plaza—, el gasto total se sitúa entre 78 y 98 millones de euros para 2023 y 2024. Repartido por ejercicios, ronda de 39 a 49 millones de euros anuales. El parámetro que más influye en la cifra final no es el tiempo de estancia, sino el coste por plaza, que varía notablemente entre comunidades autónomas. Mientras en algunos recursos básicos puede rondar los 2.000 euros mensuales, en determinados convenios supera los 5.700 euros. Si se ajusta esa horquilla entre 3.500 y 4.400 euros mensuales, el coste total del bienio oscilaría entre 68 y 108 millones de euros. En todos los escenarios, el orden de magnitud se mantiene en decenas de millones de euros en solo dos años.
Según las autoridades consultadas, esta situación genera un perjuicio directo y doble. Por un lado, detrae recursos económicos y de atención de los menores que sí lo son. Por otro, erosiona la credibilidad del sistema de protección y complica su gestión en un contexto de llegada masiva de inmigrantes ilegales. España carece de un registro único, público y actualizado que cruce de forma sistemática los datos de determinación de la edad, tiempo de estancia y coste real por plaza, de ahí que las cifras que se manejan a nivel policial sean aproximadas pero extremadamente elevadas.
Las fuentes policiales consultadas por LA GACETA coinciden en que determinar la edad de forma temprana, rigurosa y fiable no es sólo una garantía para los menores que realmente lo son. Es también la única manera de evitar que el gasto público destinado a la protección de menores acabe financiando la estancia de inmigrantes ilegales adultos durante meses.
