El coste del sistema de interpretación simultánea del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales se acerca ya a los cuatro millones de euros desde su implantación en 2023 y podría alcanzar los 4,6 millones al término de la legislatura, prevista para 2027, según publica El Mundo a partir de datos oficiales.
La medida comenzó a aplicarse en agosto de 2023, después de que Junts y ERC situaran el uso del catalán, junto al euskera, el gallego y el valenciano, entre sus exigencias para facilitar la configuración de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez.
Desde entonces, el Congreso ha asumido el coste de los intérpretes, así como de los equipos necesarios para garantizar la traducción simultánea y el subtitulado durante los plenos y las comisiones.
La contratación del servicio completo llegó a contemplar un coste máximo de 12,5 millones de euros para toda la legislatura. Sin embargo, el gasto efectivo está siendo muy inferior debido, entre otros factores, a la menor actividad legislativa de la Cámara Baja.
El contrato adjudicado en enero de 2025 por 3.990.315 euros para un periodo de 18 meses establece que las empresas cobran en función de los minutos de interpretación realizados durante plenos y comisiones y de las palabras traducidas en los documentos.
Durante los doce meses de 2025, las compañías adjudicatarias percibieron 919.669 euros, según los datos del Portal de Transparencia. La estimación para los 18 meses de vigencia del contrato sitúa el coste en torno a 1,4 millones de euros.
Antes de la adjudicación del contrato integral, el Congreso recurrió a contratos menores. Entre finales de 2023 y todo 2024 se formalizaron 424 contratos por 674.418 euros para los servicios de interpretación de las lenguas cooficiales, además de otros 17.870 euros destinados a transcripciones.
A estas cantidades se suma la inversión necesaria para adaptar las instalaciones parlamentarias. La Cámara Baja destinó 1,63 millones al sistema técnico de interpretación simultánea remota y subtitulado en varias salas, una infraestructura adjudicada a Telesonic.
En conjunto, los contratos de interpretación, transcripción y equipamiento elevaron el gasto acumulado hasta 2025 a 3.245.458 euros. La factura de los pinganillos podría rozar los cinco millones al finalizar la actual legislatura, si el ritmo de gasto se mantiene durante los próximos meses.
El coste final dependerá, no obstante, de la actividad parlamentaria y del número de sesiones celebradas. La menor utilización de los auriculares por parte de los diputados también ha reducido el volumen de servicios contratados respecto a las previsiones iniciales.
Aunque el uso de las lenguas cooficiales sigue estando disponible en la Cámara, en numerosas intervenciones los parlamentarios optan por el español. Otros recurren indistintamente a ambas opciones, mientras el sistema permite además seguir las intervenciones mediante subtítulos.
El servicio nació como exigencia de Junts y ERC y se puso en marcha antes incluso de una reforma del Reglamento de la Cámara. De mantenerse la actividad y el nivel de gasto registrado, el coste acumulado podría situarse alrededor de los 4,6 millones de euros cuando concluya la legislatura en 2027.
