El Gobierno ha decidido reactivar varias iniciativas legislativas de marcado contenido ideológico con el objetivo de recuperar la iniciativa política en el tramo final de la legislatura, después de que la crisis de Ceuta, los casos de corrupción y la polémica por el desahucio de Maricarmen hayan condicionado la agenda pública en las últimas semanas.
Según publica El Confidencial, entre las iniciativas que vuelven a avanzar en el Congreso se encuentran la reforma constitucional para reconocer el derecho al aborto, la modificación del Código Penal para ampliar la protección de la libertad de expresión y la ley que pretende penalizar las denominadas terapias de conversión.
La reforma constitucional sobre el aborto, promovida por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha comenzado a desbloquearse con la apertura de un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios propongan comparecientes en la Comisión Constitucional. Posteriormente se abrirá la fase de enmiendas y el texto podrá llegar al Pleno.
La iniciativa necesita una mayoría reforzada para salir adelante, por lo que el Gobierno no dispone actualmente de los votos suficientes para aprobarla. En paralelo, avanza la proposición de ley registrada por Sumar para reformar el Código Penal y suprimir los delitos de injurias y calumnias contra el Rey, así como el relativo a las ofensas contra los sentimientos religiosos. La iniciativa cuenta con el respaldo de los socios de investidura y se encuentra en una fase de negociación de posibles modificaciones.
Otra de las prioridades del Ejecutivo es la ley para penalizar las llamadas terapias de conversión, que pretende convertir en delito determinadas prácticas destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género. El Gobierno espera que el Senado remita el texto al Congreso en las próximas semanas para completar su tramitación antes de finalizar el año.
A estas tres iniciativas se suman otras dos leyes que el Ejecutivo pretende acelerar: la relativa a la protección de los menores en entornos digitales y la destinada a mejorar las condiciones de los docentes y reducir las ratios de alumnos por aula.
El Ejecutivo confía además en completar esta agenda con la eventual presentación de los Presupuestos Generales del Estado.
