El inmueble elegido por el Gobierno de Cantabria (PP) para acoger a menores extranjeros no acompañados (menas) se encuentra en la pedanía de Mioño, dentro del término municipal de Castro Urdiales, y habría sido adquirido por un importe cercano a los 625.000 euros. Esta cifra, según avanza OkDiario, supera ampliamente el valor estimado de mercado de la vivienda, que rondaría los 450.000 euros, lo que ha suscitado interrogantes sobre una diferencia económica próxima a los 200.000 euros.

La propiedad en cuestión es una vivienda unifamiliar de grandes dimensiones, distribuida en dos alturas y una buhardilla, construida con ladrillo visto y cubierta con tejado de teja. Dispone de jardín, cerramiento perimetral metálico y espacio para estacionamiento de vehículos, además de situarse en un entorno natural junto a una ladera, lo que le confiere un aspecto residencial y tranquilo.

El uso de este inmueble como centro de acogida no estuvo exento de polémica desde el principio. De hecho, durante un incidente reciente, varios menores abandonaron las instalaciones, lo que obligó a activar un dispositivo policial para localizarlos. En ese mismo episodio se produjeron desperfectos en el interior de la vivienda, según las informaciones disponibles.

Las críticas también han surgido desde el ámbito político local. El concejal de VOX en el Ayuntamiento, Agustín Fernández, ha advertido de que la zona ha dejado de percibirse como segura, señalando que numerosos jóvenes transitan habitualmente por una senda cercana —que atraviesa un antiguo túnel ferroviario— para acudir a instalaciones deportivas situadas a escasa distancia del inmueble.

La ubicación exacta del centro no fue revelada inicialmente por las autoridades. Cuando la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, anunció públicamente la apertura del recurso el pasado 24 de febrero, evitó concretar dónde se ubicaría, limitándose a indicar que no se facilitarían más detalles en ese momento. En aquella comparecencia, en la que participaban también responsables del área social del Gobierno autonómico, defendió la iniciativa apelando al compromiso solidario del municipio y a la necesidad de cumplir con la normativa de protección de menores.

Sin embargo, con el paso de los días se ha conocido que el edificio ya había sido adquirido con fondos públicos por un importe considerablemente superior al que manejaban los propios vendedores como referencia de mercado. Este desfase ha alimentado las sospechas sobre la operación y ha generado malestar entre algunos vecinos conocedores de la transacción, que cuestionan la justificación de esa diferencia económica.