El proceso de ‘uberización del campo’ sigue haciendo mella en agricultores y ganaderos. Ahora, la COAG alerta de que el modelo de producción láctea está evolucionando hacia un sistema en el que las explotaciones tradicionales cierran mientras grandes fondos de inversión y corporaciones ganan peso, poniendo en riesgo tanto la soberanía alimentaria como el futuro del medio rural.
Los datos más recientes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) avanzados por El Debate reflejan que, en apenas un año, han desaparecido 530 explotaciones dedicadas a la producción de leche de vaca. Pese a esa reducción continuada de granjas, la cantidad de leche que llega al mercado apenas se ha resentido, una circunstancia que la organización agraria considera la prueba de que el modelo productivo está cambiando de forma acelerada.
La pérdida de explotaciones afecta especialmente a Galicia, principal región productora del país, donde han cerrado más de 300 granjas en los últimos doce meses. El retroceso también se ha dejado sentir en comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña o Andalucía, consolidando una tendencia que preocupa al sector.
Desde COAG sostienen que muchos ganaderos se encuentran en clara desventaja frente a grandes grupos empresariales con una mayor capacidad financiera y estructuras productivas que reducen costes. Esa competencia, unida al incremento de los gastos de explotación, está expulsando progresivamente del mercado a numerosas explotaciones familiares.
Entre los principales problemas figura el aumento de los costes de producción. La organización calcula que los ganaderos soportan un sobrecoste cercano a seis céntimos por litro, impulsado por el encarecimiento de la energía y de la alimentación animal, mientras los precios que perciben por la leche no evolucionan al mismo ritmo.
La responsable del sector lácteo de la COAG, Isabel Vilalba, advierte de que el primer borrador del Plan Estratégico del Sector Lácteo dibuja un escenario en el que las explotaciones siguen produciendo, pero cada vez con menos ganaderos al frente. En su opinión, existe el riesgo de que las decisiones sobre el futuro de las explotaciones terminen adoptándose desde grandes centros financieros alejados del territorio donde realmente se desarrolla la actividad.
Como alternativa, la organización agraria reclama una revisión profunda del plan elaborado por la interprofesional INLAC. Su propuesta apuesta por garantizar precios que cubran los costes de producción, reducir la carga burocrática, reforzar la autonomía de las explotaciones, disminuir la dependencia energética y crear servicios públicos de sustitución que faciliten el relevo y la continuidad de las explotaciones familiares.
COAG insiste además en que el objetivo no debería centrarse únicamente en incrementar el volumen de producción, sino en asegurar la supervivencia de un tejido ganadero profesional y vinculado al territorio. A su juicio, el futuro del sector dependerá de si las explotaciones continúan en manos de familias ganaderas o terminan siendo controladas por fondos de inversión cuyo único interés sea la rentabilidad económica.
La organización concluye que cada explotación que cesa su actividad supone mucho más que una estadística. Considera que detrás de cada cierre se abre la posibilidad de que ese espacio sea ocupado por nuevos profesionales del campo o, por el contrario, por grandes inversores ajenos al medio rural, una decisión que, a su juicio, marcará el futuro de la ganadería española.
