El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (VOX), ha anunciado que el Gobierno autonómico impulsará planes de retorno y repatriación para inmigrantes en situación ilegal, además de realizar pruebas para verificar la edad de los menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en la Comunidad. Estas medidas forman parte del acuerdo de Gobierno suscrito con el Partido Popular y se suman a iniciativas similares ya anunciadas en Aragón y Extremadura.
Pollán explicó que estas actuaciones responden al compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico de oponerse a las políticas de inmigración ilegal impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según indicó, el pacto firmado entre PP y VOX recoge expresamente el rechazo a lo que calificó como la «estafa migratoria» del Ejecutivo central y establece la puesta en marcha de medidas destinadas a combatir este fenómeno en Castilla y León.
El dirigente autonómico realizó estas declaraciones tras reunirse con responsables de Cáritas, encuentro en el que quiso trasladar que la atención a las personas más vulnerables seguirá siendo una prioridad para la Consejería que dirige. En este sentido, subrayó que las ayudas destinadas a familias con dificultades económicas, personas mayores, menores o programas relacionados con las adicciones continuarán desarrollándose con normalidad.
No obstante, precisó que las subvenciones vinculadas específicamente a la atención de inmigrantes en situación irregular serán objeto de revisión. Además, avanzó que el Gobierno autonómico llevará a cabo una auditoría para conocer con detalle el gasto público destinado a políticas relacionadas con la inmigración ilegal antes de adoptar nuevas decisiones en esta materia.
Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Pollán volvió a rechazar el reparto aprobado por el Ejecutivo central, al considerar que la asignación de 833 plazas para Castilla y León resulta «inasumible» al multiplicar por más de cinco las 153 existentes actualmente. Asimismo, criticó que la modificación se haya realizado sin consenso con las comunidades autónomas y confirmó que los servicios jurídicos de la Junta preparan un recurso contra ese acuerdo.
El vicepresidente insistió en que su oposición no responde únicamente a una cuestión económica o de capacidad asistencial, sino a un rechazo de fondo a la política migratoria del Gobierno. A su juicio, esa estrategia está provocando una creciente presión sobre los servicios sociales en toda España y también comienza a afectar de forma significativa a Castilla y León.
Como argumento para defender las nuevas medidas, Pollán hizo referencia a los primeros resultados obtenidos en otras comunidades donde gobiernan PP y VOX. Según afirmó, cerca del 80% de las personas sometidas a pruebas de determinación de edad en Aragón no eran menores, mientras que en Extremadura un 18% de los menores extranjeros tutelados tendría familiares directos residentes en España. En su opinión, estos datos justifican la necesidad de reforzar los controles.
El consejero también anunció que se endurecerán las normas de funcionamiento de los centros que atienden a menores extranjeros no acompañados. Explicó que el objetivo es ofrecer una mayor protección a los trabajadores y funcionarios que desempeñan su labor en estas instalaciones y evitar las situaciones conflictivas que, según indicó, vienen sufriendo en algunos casos.
En relación con los planes de retorno, Pollán señaló que, cuando se trate de menores, la Junta estudiará la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación de extranjería para favorecer su reagrupación con sus familias en los países de origen. En el caso de los inmigrantes adultos que permanezcan en España de forma ilegal, aseguró que la Administración autonómica impulsará las actuaciones que estén a su alcance para facilitar su devolución conforme a la normativa vigente.
Por último, el vicepresidente autonómico destacó que la implantación de estas medidas se llevará a cabo de forma progresiva y una vez que los nuevos responsables de la Consejería dispongan de toda la información necesaria. «No queremos actuar a la ligera, sino con pleno conocimiento de los datos», concluyó.
