La Xunta de Galicia, gobernada por el PP con mayoría absoluta, ultima la apertura en los próximos meses de la «oficina de cambio climático», un nuevo organismo para imponer restricciones verdes que arruinan al campo y a la industria española.
Así, a través de esta nueva oficina tratará de realizar un «seguimiento» de «las medidas del II Plan Regional Integrado de Energía y Clima 2030 (PRIEC), «consolidar los avances en la lucha contra el calentamiento global conseguidos» y que la región «siga siendo un referente a nivel nacional como refugio climático«. El Ejecutivo destinará 9,4 millones de euros este año para imponer estas políticas.
La directora general de «Energías Renovables y Cambio Climático», Paula Uría, que tiene un sueldo anual de más de 75.000 euros, compareció este miércoles en el Parlamento gallego y manifestó que «se pondrán en marcha 93 medidas con la movilización de cerca de 1.800 millones de euros» a fin de «mitigar el cambio climático» al amparo del mencionado PRIEC.
Así, destacó que la Xunta busca mantener «la buena senda en la lucha contra el cambio climático implicando al conjunto de la ciudadanía» con la ‘Red local por el clima’ —con 285 ayuntamientos adheridos y el objetivo de llegar a 313— o la «Alianza Gallega por el Clima», que ya cuenta con cerca de 200 empresas y entidades adheridas, y recordó que «pretenden» adoctrinar a los jóvenes «sobre los retos y oportunidades que ofrece el escenario de cambio climático«. «Para conseguir la neutralidad climática en 2040 es fundamental intensificar el despliegue de las energías renovables y la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en todos los ámbitos que sea posible», concluye la Xunta de Galicia.
VOX recuerda su oposición a la legislación climática que tantos ataques impone al sector pesquero, elemental y capital en la economía gallega, y su rechazó al Pacto Verde y a la Agenda 2030 tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo. «Son una amenaza al modo de vida de muchos españoles y una sentencia de muerte para el campo, la pesca y la industria nacional, y el transporte, y un plan de despidos masivo, silencioso, que impide que se pueda prosperar y que impide el relevo generacional en muchas actividades económicas», recuerda la formación.
