El PSC y los Comunes han pactado la creación de una nueva “unidad antidesahucios” en Cataluña, un proyecto que promete proteger a las familias vulnerables, pero que en realidad agrava la inseguridad jurídica de los propietarios y ahuyenta la inversión en vivienda. La medida, que prevé medio centenar de profesionales entre juristas, mediadores y trabajadores sociales, se financiará con 40 millones de euros en cuatro años y dependerá directamente de la Generalidad. Su objetivo declarado es “prevenir y frenar los desalojos”, aunque los expertos advierten de que se trata de una maniobra política más que de una solución real.
El acuerdo entre socialistas y Comunes da respuesta a una exigencia histórica del espacio de Jéssica Albiach, que desde hace años defiende la creación de estructuras públicas capaces de intervenir antes de los desahucios. El Gobierno regional asegura que el nuevo organismo reforzará la mediación con los juzgados y el asesoramiento jurídico gratuito, además de modificar el programa Reallotgem para mejorar el realojo de familias vulnerables.
Preguntado por el diario El Debate, el abogado José María Español, especialista en ocupaciones ilegales y en derecho de propiedad, sostiene que la iniciativa parte de un error de base: “Es un contrasentido que una administración pública cree un organismo para ir en contra de las resoluciones judiciales”. En su opinión, la nueva unidad “duplica estructuras que ya existen” y “aumenta la desconfianza en el sistema jurídico”.
Español recuerda que, desde hace más de una década, los juzgados catalanes disponen de protocolos para actuar ante casos de vulnerabilidad, tanto en inquilinos como en okupas. “Cuando se presenta una demanda, el juzgado ya comunica a los servicios sociales la posible existencia de una familia vulnerable”, explica. Estos mecanismos se pusieron en marcha en 2013 mediante un acuerdo entre la Generalitat, el Colegio de Abogados y los Procuradores, con suspensión de lanzamientos y comunicación directa a los servicios sociales. Las reformas posteriores ampliaron esos plazos, estableciendo suspensiones automáticas de hasta cuatro meses.
“Venir ahora a crear una oficina antidesahucios es redundante y contraproducente”, insiste. “Lo que deberían hacer es copiar modelos que funcionan, como el de Galicia, que ofrece ayuda directa y acompañamiento a quienes están en riesgo de perder su casa”.
El debate no es nuevo. En los últimos años, varios ayuntamientos —especialmente el de Barcelona— han impulsado oficinas similares, con resultados dispares. Los defensores sostienen que estas estructuras evitan desalojos, pero los juristas las ven como una carga inútil para las arcas públicas. “Nos dedicamos a crear organismos, pero no a reformar leyes”, lamenta Español. “España va al revés de Europa: aquí se protege más al okupa que al propietario”.
Más del 80% de las viviendas en alquiler en España pertenecen a particulares, no a fondos de inversión. Son precisamente esos pequeños propietarios los que, según Español, están desapareciendo del mercado: “Muchos prefieren vender o dejar el piso vacío antes que enfrentarse a un proceso judicial interminable”. La suspensión de lanzamientos decretada durante la pandemia sigue vigente hasta finales de 2025. “Hay propietarios que llevan cinco años esperando recuperar su vivienda porque el lanzamiento está paralizado”, denuncia.
El fenómeno de la compraventa de pisos okupados, cada vez más frecuente en Cataluña, es otra consecuencia directa de este marco legal. “En algunas zonas de Gerona, entre el 10% y el 12% de los pisos que se venden están ocupados de forma ilegal”, advierte el abogado. “Muchos inversores están marchándose a comunidades menos intervencionistas”.