El Anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia incluye medidas contra la ocupación ilegal gracias a la presión de VOX, incorporando por primera vez la exclusión de quienes hayan sido condenados o sancionados por allanamiento o usurpación en la última década del acceso a este tipo de viviendas protegidas.
El nuevo texto, que sustituye al decreto inicial presentado por el Ejecutivo regional, introduce un endurecimiento de los requisitos para compradores y arrendatarios de vivienda asequible, al exigir que no consten antecedentes firmes por ocupación ilegal en los últimos diez años. Con esta cláusula se pretende blindar el sistema frente a prácticas irregulares y priorizar el acceso a quienes cumplan la legalidad.
La futura norma incorpora además una figura inédita, el denominado Proyecto Unificado Residencial, que permitirá concentrar en un único procedimiento la planificación urbanística, la gestión del suelo y la evaluación ambiental simplificada. El objetivo es acelerar de forma notable los plazos de tramitación y facilitar que los nuevos desarrollos residenciales puedan ponerse en marcha en menos tiempo.
En paralelo, el anteproyecto suprimirá los modelos de vivienda compartida conocidos como ‘coliving’ y ‘cohousing’. Esta modificación responde a una exigencia expresa de VOX, cuyo portavoz en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, trasladó su rechazo frontal a estas fórmulas en una reunión con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, dentro de la ronda de contactos abierta por el Ejecutivo con los grupos parlamentarios.
Tras ese encuentro, Antelo defendió que «la peor política de vivienda es no construir» y criticó que el diálogo no se iniciara meses atrás, cuando se debatió el decreto original. El dirigente de VOX reclamó un modelo basado en la propiedad privada como vía principal de emancipación juvenil.
VOX, por su parte, ha planteado también permitir el uso residencial en suelos inicialmente reservados a uso hotelero, rebajar impuestos, aumentar edificabilidades y reducir costes de promoción. «Queremos una España de propietarios», afirmó Antelo, frente a un modelo que, a su juicio, condena a los jóvenes a una vida de alquiler e inestabilidad permanente.
