El proyecto público para el desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicado por el Gobierno de María Chivite a la UTE que incluye a Servinabar, enfrentará un sobrecoste cercano a 9 millones de euros. Según ha desvelado El Mundo, el origen de este incremento genera controversia: mientras la UTE ha atribuido las modificaciones a peticiones de la administración, una portavoz oficial de Cohesión Territorial ha afirmado que fueron las propias empresas las que solicitaron los cambios, señalando que la decisión final aún está pendiente.
Un informe técnico de 22 páginas, fechado en noviembre de 2024, reconoce la necesidad de 14 modificaciones en el proyecto por causas imprevistas, como cubriciones, excavaciones, drenajes e instalación de depuradoras. En este contexto, fuentes del sector han señalado que las ofertas iniciales en obras públicas suelen subestimar costes para luego justificar incrementos a través de modificaciones.
Este sobrecoste ocurre en medio de una investigación judicial y policial. Servinabar, con un 10% de participación en la UTE junto a Acciona (55%) y Excavaciones Fermín Osés (35%), está bajo investigación por presuntas irregularidades. La Guardia Civil y el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente indagan posibles mordidas a cambio de contratos públicos y financiación irregular del PSOE vinculadas a esta empresa, ligada a Santos Cerdán.
El contrato, el mayor de los siete adjudicados a Servinabar por el Gobierno navarro, valorados en 85 millones, ha estado rodeado de denuncias por irregularidades. Miembros de la mesa de contratación han denunciado que el concurso estaba «dado de antemano» y que la presencia de Servinabar formaba parte del arreglo. Además, el presidente de la mesa fue mantenido en el cargo tres años más allá de la edad de jubilación mediante reformas legales específicas para asegurar el control del proceso.