El Gobierno de Carlos Mazón recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez semanas después de denunciar la inmigración ilegal, una exigencia de VOX para negociar los presupuestos en la región.
Así, ha autorizado el inicio de trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que establece criterios para redistribuir a menas, ya que considera que «supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas».
La portavoz del Consell y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha subrayado que «el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera (…), de cooperación y de lealtad constitucional».
El pasado 17 de marzo, Mazón insistió en que la Comunidad Valenciana «ha rebasado el límite de su capacidad» y manifestó su rechazo a cualquier nuevo reparto de inmigrantes ilegales promovido por el Ejecutivo. «No puede ser que, mientras en algunos territorios se establecen criterios de excepción, aquí se nos imponga una carga sin apoyo, sin recursos y sin ninguna planificación. Esto no es solidaridad, esto es chantaje político. Por eso, quiero volver advertir de esta trampa del Gobierno central. Y coincidimos con VOX, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del gobierno central en todo momento», declaró.
«Es evidente que la inmigración ilegal masiva necesita ser abordada con una nueva política migratoria a nivel nacional y europeo, necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de inmigrantes ilegales», concluyó el presidente de la Comunidad Valenciana.
