El nuevo contrato de iluminación festiva para 2026-2030 en Melilla, valorado en unos 4,5 millones de euros y ya publicado, ha reabierto el debate sobre el destino del dinero público a celebraciones religiosas. En esta ocasión, el foco lo marca la defensa del Gobierno de Juan José Imbroda (PP), que asegura que la presencia del Ramadán no sólo no se reduce, sino que se refuerza de manera explícita.

Mientras desde la oposición se denuncia un supuesto recorte, el Ejecutivo responde que el nuevo pliego garantiza más puntos de luz, más motivos ornamentales y una mayor visibilidad del Ramadán tanto en el centro de la ciudad como en varios barrios periféricos. El consejero de Fomento, Miguel Marín, insiste en que la iluminación dedicada a esta festividad aumentará, y que los nuevos diseños incorporan elementos específicos que realzan su simbolismo.

El Gobierno subraya además que el contrato aprovecha materiales amortizados del periodo anterior —arcos y estructuras tridimensionales que ya forman parte del patrimonio municipal— para ampliar la presencia del Ramadán sin incrementar el gasto total. El mensaje es claro: el Ejecutivo considera que la festividad musulmana debe contar con un despliegue más visible dentro del calendario oficial de luces.

El marco actual procede del contrato de 2022, cuyos diseños y criterios continúan vigentes. Aunque la cuantía global sigue inalterada respecto a aquella etapa, la decisión del Ejecutivo de destacar el Ramadán en el nuevo pliego retoma una discusión que Melilla arrastra desde hace años: qué celebraciones deben tener un papel predominante en el espacio público y cómo se reparte la visibilidad entre ellas.

La controversia encuentra un eco reciente en Ceuta, donde este año también surgieron críticas por la distribución de la iluminación del Ramadán, con quejas vecinales por desigualdades entre barrios. Un episodio que demuestra cómo el despliegue de esta festividad se ha convertido en un asunto especialmente sensible en ambas ciudades autónomas.