
El Gobierno de España invirtió un total de 5,5 millones de euros en un proyecto para «convivir sin discriminación» que fue presentado en el año 2017 —con Mariano Rajoy (PP) a cargo del Ejecutivo— y se mantuvo vigente hasta el 2022. El destino de esta idea financiada por la Unión Europea y de la que formaron parte instituciones como la Embajada de España en Marruecos, la Fundación Internacional e Iberoamericana (FIIAPP), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y tanto el Gobierno como la dinastía alauita, fue exclusivamente Marruecos, tierra a la que tildaron de «acogedora» e «inclusiva».
Los cuatro conceptos en torno a los que giró esta iniciativa fueron «el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia», llegando a utilizar atributos como «discriminación directa» cuando una persona era tratada de forma menos favorable que otra por el simple hecho de pertenecer a un grupo distinto o «discriminación indirecta» cuando o una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutra, colocaba de facto a las y los representantes de un grupo particular en una situación de desventaja en relación con otros.
Los enfoques transversales en torno a los que giraba la propuesta eran los derechos humanos, el género y los principios de acción, llegando a promover la promoción de la participación de las mujeres en todas las actividades del proyecto para asegurar la paridad (50%) o el uso del lenguaje inclusivo y el desarrollo de un argumentario por la promoción de la igualdad entre los sexos.
Los pasos a dar para que la idea surtiese efecto en la sociedad fueron los siguientes: revisión normativa, mejora de mecanismos de identificación y recogida de denuncias, refuerzo de las administraciones públicas, refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y sensibilización y comunicación; y el objetivo sería aplicarlo en profesiones como el funcionariado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades de migrantes, profesionales de los medios de comunicación y, en última instancia, la opinión pública.
«El proyecto está configurado para apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo de Marruecos y promover la lucha contra la discriminación de la población migrante, uno de los mayores retos del proceso de inclusión además de para construir una sociedad global y multicultural. Además, integra un enfoque de trabajo entre socios marroquíes, norteafricanos y europeos con el fin de establecer un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias entre iguales», concluía el anuncio.