La central nuclear de Almaraz vive días clave. La planta ha incorporado a más de 1.200 trabajadores eventuales para la que previsiblemente será la última recarga de su reactor 1, en un momento decisivo para su continuidad. La instalación, gestionada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, aguarda la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre su futuro en un contexto de creciente presión política y económica sobre el sector nuclear.

Se trata de la 31ª recarga desde su entrada en funcionamiento en 1981. La central ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga de su vida útil hasta 2030, pero la decisión depende de un informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear. Si no obtiene el visto bueno, Almaraz dejará de operar entre 2027 y 2028, tras 46 años de actividad.

Desde la dirección de la planta aseguran que cumple con todos los requisitos de seguridad exigidos por el regulador, en el marco de la revisión aprobada en 2020 y vigente hasta 2030. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Ejecutivo socialista, que mantiene su hoja de ruta de cierre escalonado de las centrales nucleares entre 2027 y 2035.

El Gobierno ha fijado tres condiciones para permitir la continuidad de las centrales: que no supongan un coste para los ciudadanos, que se garantice el suministro y que se preserve la seguridad. Según la propia central, las dos últimas se cumplen con holgura. Sólo en Almaraz se invierten unos 50 millones de euros anuales en mantenimiento y actualización, y la planta ha revalidado en 2025 la máxima categoría de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares.

El conflicto se centra en el coste económico. Las empresas energéticas denuncian que la presión fiscal hace inviable la continuidad. La subida del 30% en la tasa de Enresa —impulsada durante la etapa de Teresa Ribera— ha disparado los costes hasta el punto de que más del 75% de los costes variables de Almaraz corresponden a impuestos.

Desde la central advierten de que esta carga fiscal «compromete seriamente la viabilidad económica» de una tecnología que, sin ese lastre, sería competitiva. De hecho, la unidad 2 tuvo que desconectarse temporalmente en marzo por no poder competir en el mercado eléctrico en jornadas de alta producción renovable y baja demanda.

El contraste internacional

Mientras España avanza hacia el cierre nuclear, otros países prolongan la vida de sus reactores. La planta de North Anna, en Estados Unidos, tecnológicamente gemela de Almaraz, ya tiene licencia para operar hasta los 80 años. En ese país, varios reactores han extendido su vida útil hasta seis décadas y preparan nuevas ampliaciones.

El contraste refuerza el debate sobre el papel de la energía nuclear en el mix energético y la soberanía energética, en un momento en el que Europa insiste en acelerar la electrificación mientras aumentan los riesgos para la seguridad del suministro.

Ante este escenario, el Gobierno extremeño ha aprobado una reducción del 50% en la ecotasa que grava la central si continúa operativa en 2029, lo que supondrá un alivio de unos 45 millones de euros. La presidenta María Guardiola ha adoptado esta medida a instancias de VOX, siguiendo la línea de otras comunidades.

La Comunidad Valenciana eliminó en 2024 la ecotasa a la central de Cofrentes, mientras que en Castilla-La Mancha no se aplica tras una resolución judicial. Cataluña, por el contrario, mantiene una de las cargas más elevadas, con 6,65 euros por MWh.

El futuro de Almaraz se ha convertido así en un caso testigo del choque entre la política energética del Gobierno y la viabilidad real de las infraestructuras estratégicas. La decisión que adopte el Ejecutivo marcará no solo el destino de la central extremeña, sino el rumbo de la energía nuclear en España en la próxima década.