Nuevo gasto del Gobierno de Pedro Sánchez en complacer los deseos de inmigrantes ilegales. En esta ocasión, el Ejecutivo ha adjudicado un contrato público por valor de 289.100 euros para el suministro de productos de panadería y bollería destinados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, según consta en la documentación oficial del propio procedimiento y ha adelantado @CanarioToday.
El contrato ha sido firmado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y adjudicado a la empresa de Haddu Hamed, con domicilio en Melilla, para el reparto de alimentos dirigidos a inmigrantes ilegales alojados en el CETI. El documento, cofinanciado por la Unión Europea, detalla de forma pormenorizada las cantidades y tipos de productos adquiridos con fondos públicos.
Entre los suministros incluidos figuran partidas llamativas como 25.000 euros en galletas tipo María, más de 30.000 euros en magdalenas individuales, 150.000 euros en pan envasado, además de otros productos como empanadas, napolitanas, pastas, pizzas —con un coste de 3.000 euros— y hasta harina en sacos industriales. El importe total del contrato asciende exactamente a 289.100 euros.
La adjudicación se realiza en un contexto de fuerte presión migratoria sobre Melilla y mientras el Gobierno insiste en la necesidad de destinar más recursos públicos a la atención de inmigrantes ilegales, una política que sigue generando controversia social y política.
Este gasto no es un caso aislado. En los últimos meses, el Ejecutivo ha autorizado otras partidas millonarias relacionadas con la gestión de la inmigración ilegal. Uno de los ejemplos más recientes es la adjudicación de un contrato por valor de 499.560 euros para la compra de lencería textil destinada a centros de inmigrantes ilegales en Canarias.
Según la documentación acreditativa, ese contrato incluye la adquisición masiva de sacos de dormir, fundas de colchón, juegos completos de cama, mantas, toallas de ducha y lavabo, repartidos entre distintos centros de acogida de las islas. Sólo en juegos de cama se destinaron más de 240.000 euros, mientras que las fundas de colchón y sacos de dormir superaron conjuntamente los 200.000 euros.
Ambos contratos se enmarcan dentro de la política del Gobierno de España de ampliar y reforzar la red de acogida para inmigrantes ilegales tanto en Melilla como en Canarias, con financiación nacional y europea. Desde el Ejecutivo se justifica este tipo de gastos como necesarios para garantizar condiciones «dignas», aunque desde distintos sectores se cuestiona el volumen de recursos públicos destinados a estas partidas en un contexto de presión fiscal, inflación y recortes en servicios esenciales para los españoles.
