El Gobierno ha evitado en las últimas semanas ofrecer una cifra cerrada sobre el número de inmigrantes ilegales que podrían acogerse al proceso extraordinario de regularización abierto por el Ejecutivo, después de que distintas estimaciones oficiales situaran inicialmente los beneficiarios finales en torno a las 500.000 personas. Sin embargo, y según informa OkDiario, la nueva posición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admite ahora que el alcance del procedimiento podría superar ampliamente esas previsiones iniciales.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, señaló recientemente en la emisora Latinosfm que el Ejecutivo no ha fijado límites cuantitativos al proceso y defendió que serán «regularizadas» todas aquellas personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto aprobado por el Gobierno. La responsable ministerial rechazó que exista un «cupo» máximo de beneficiarios y afirmó que el procedimiento se aplicará a quienes presenten la documentación requerida y tengan derecho a acceder a él. «Se regularizará a las personas que presenten su solicitud, su documentación y que tengan derecho a ella. Sean 500.000, 600.000, 700.000, quienes sean, lo importante es que se va a dar una respuesta a todos ellos», aseguró Cancela.
Hasta ahora, los documentos oficiales manejados por el Ministerio de Inclusión contemplaban que alrededor de 750.000 inmigrantes en situación irregular solicitarían acogerse al proceso y que aproximadamente medio millón obtendría finalmente la regularización administrativa. Esa cifra había sido reiterada por el Ejecutivo de Sánchez desde el anuncio de la medida, cuya aplicación comenzó en abril y permanecerá abierta hasta finales de junio.
Sin embargo, un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional eleva significativamente esa estimación y calcula que los beneficiarios directos podrían alcanzar las 1.250.000 ilegales. El documento añade además que la cifra podría incrementarse de forma adicional mediante procedimientos de reagrupación familiar vinculados al proceso extraordinario.
El decreto aprobado por el Gobierno establece como principales condiciones para acceder a la regularización haber permanecido en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una residencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales. La normativa contempla, no obstante, que determinados solicitantes con antecedentes policiales puedan ser evaluados individualmente si la autoridad competente considera que no representan una amenaza para el orden público.
