en una respuesta parlamentaria del Gobierno a las diputadas de Vox María de los Reyes Romero, Rocío Aguirre y Rocío de Meer
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por LGI
23 de septiembre de 2026
El Ministerio del Interior ha reconocido que sus estadísticas oficiales no permiten determinar cuántos inmigrantes en situación ilegal han cometido delitos contra la libertad sexual en España, al no incorporar la situación administrativa de los autores entre las variables del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).
Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a las diputadas de VOX María de los Reyes Romero, Rocío Aguirre y Rocío de Meer, que habían solicitado información sobre el origen y la situación administrativa de las personas investigadas por agresiones sexuales durante 2026.
Las parlamentarias preguntaron expresamente qué porcentaje de los delitos contra la libertad sexual y de las agresiones sexuales con penetración había sido cometido por inmigrantes en situación ilegal, así como cuántos de esos autores habían sido expulsados posteriormente de España. La respuesta del Ejecutivo no ofrece esas cifras.
«No existe esa variable»
Interior explica que el Sistema Estadístico de Criminalidad, que recopila los datos procedentes de las actuaciones policiales, no incluye la situación administrativa migratoria de los implicados como una variable que permita realizar ese desglose.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska señala además que sus estadísticas no distinguen, entre las personas que actualmente poseen nacionalidad española, si ésta fue adquirida posteriormente ni cuál era su país de origen previo.
Por tanto, el Ministerio puede manejar determinadas variables relativas a la nacionalidad actual de investigados o detenidos, pero no puede establecer a partir del SEC cuántos se encontraban en situación ilegal en España en el momento de cometer un delito sexual. Esta limitación impide responder a una de las cuestiones concretas formuladas por las diputadas: qué proporción de las agresiones sexuales registradas corresponde a inmigrantes sin autorización de residencia.
Preguntas sobre expulsiones
Las parlamentarias también preguntaron al Gobierno cuántos extranjeros en situación ilegal condenados o investigados por delitos sexuales habían sido expulsados de España y por qué razón permanecían en territorio nacional aquellos sobre los que no se hubiera ejecutado una expulsión.
Asimismo, reclamaron información sobre agresiones sexuales cometidas en grupo y sobre la nacionalidad de las personas implicadas. Interior no aportó en su contestación un desglose que permitiera responder a esas preguntas en los términos solicitados, aludiendo de nuevo a las limitaciones de las variables disponibles en su sistema estadístico.
Las diputadas alertaron del aumento de las violaciones
La iniciativa parlamentaria se presentó después de que las tres diputadas pusieran el foco sobre la evolución de los delitos contra la libertad sexual.
En sus preguntas sostuvieron que las agresiones sexuales con penetración habían aumentado un 3,8% en el conjunto de España respecto a 2025, mientras el conjunto de delitos contra la libertad sexual habría crecido un 1,1%. En el caso de Sevilla, afirmaron además que las violaciones se habían triplicado y que se estaba produciendo aproximadamente una cada cuatro días.
Estas cifras forman parte de la argumentación presentada por las parlamentarias. Interior publica periódicamente sus balances oficiales de criminalidad, cuyo último disponible es el correspondiente al segundo trimestre de 2026.
Interior atribuye parte del aumento a una mayor denuncia
El Gobierno sostiene que la evolución de los delitos sexuales debe analizarse teniendo en cuenta «diversos factores concurrentes». Entre ellos menciona una mayor concienciación social frente a las agresiones sexuales, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de atención a las víctimas, una mayor confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y una menor tolerancia social frente a este tipo de comportamientos.
Según Interior, estos factores pueden provocar que un mayor número de hechos llegue a conocimiento de la Policía, incrementando así su presencia en las estadísticas oficiales.
El Ministerio reconoce al mismo tiempo que los delitos sexuales continúan presentando niveles relevantes de infradenuncia, por lo que considera necesario reforzar los mecanismos destinados a facilitar que las víctimas comuniquen los hechos.
Un sistema que sí publica datos generales de criminalidad
Interior mantiene un portal público en el que difunde periódicamente los balances de criminalidad, incluidos los correspondientes a 2026, además de informes específicos sobre inmigración ilegal y otras materias. Sin embargo, ambas bases estadísticas responden a finalidades diferentes: los balances migratorios contabilizan entradas irregulares, mientras el SEC registra los hechos delictivos conocidos por las fuerzas policiales.
La respuesta parlamentaria evidencia que esas bases no están diseñadas para cruzar directamente ambas realidades y conocer cuántos autores de un delito concreto se encontraban en situación administrativa ilegal.
Interior asegura que mantiene una «monitorización permanente» de los delitos contra la libertad sexual y recuerda la aplicación del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, que incluye medidas de prevención, investigación policial y atención a las víctimas.
La consecuencia práctica, sin embargo, es que el Gobierno no puede ofrecer actualmente una cifra oficial sobre cuántos inmigrantes en situación ilegal cometen delitos sexuales en España, porque esa condición administrativa no forma parte de las variables estadísticas empleadas por Interior.