Un juzgado de Palma ha procesado a seis personas por una presunta trama destinada a presentar denuncias falsas de explotación sexual para facilitar la regularización de inmigrantes en España.
La investigación comenzó después de que cuatro mujeres sudamericanas denunciaran haber sido captadas en sus países de origen y trasladadas a Mallorca mediante engaños para ser obligadas posteriormente a ejercer la prostitución.
Las acusaciones provocaron la detención de dos personas señaladas como responsables de la supuesta red de explotación. Una de ellas llegó incluso a ingresar en prisión provisional. Sin embargo, la causa dio un giro cuando una de las denunciantes reconoció ante la Justicia que los hechos que había relatado no eran ciertos.
Denuncias para conseguir la regularización
Las cuatro mujeres habían acudido en junio de 2022 a la Policía Nacional y declararon ante agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Todas identificaron a una mujer como responsable de un prostíbulo y a un hombre como la persona encargada de captarlas para explotarlas sexualmente.
Tras sus declaraciones, las denunciantes obtuvieron la condición de testigos protegidos y pudieron acogerse al procedimiento previsto para regularizar la situación administrativa de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Tres de ellas mantuvieron inicialmente sus acusaciones ante el juzgado.
La cuarta, sin embargo, terminó admitiendo que el relato era falso. A partir de ese momento, las investigaciones apuntaron hacia la posible existencia de un mecanismo organizado para utilizar denuncias falsas como vía de regularización.
Un hombre les habría indicado qué debían declarar
Según recoge el auto judicial citado por Diario de Mallorca, las propias denunciantes terminaron reconociendo ante la magistrada que las acusaciones eran falsas y señalaron a un hombre español y a su pareja como presuntos responsables del plan.
Las mujeres aseguraron que el principal investigado les proporcionó previamente los datos que debían contar a la Policía e incluso los nombres concretos de las personas a las que tenían que acusar.
El sospechoso les habría dicho además que mantenía «contacto directo con la Policía», habría concertado las citas ante los agentes de la UCRIF y las habría acompañado a declarar. La magistrada considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento por posibles delitos de falso testimonio y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Entre 1.000 y 2.000 euros por cada denuncia
La investigación sostiene que el presunto organizador recibió entre 1.000 y 2.000 euros de cada una de las mujeres a cambio de preparar el procedimiento. Una de ellas habría llegado incluso a pagarle parcialmente mediante servicios sexuales, según recoge el auto. La pareja sentimental del principal investigado también está procesada.
Según las declaraciones incorporadas a la causa, esta mujer habría amenazado a las denunciantes para obligarlas a mantener sus acusaciones ante el juzgado, advirtiéndoles de que conocía a sus familiares y podía perjudicarles si modificaban sus testimonios.
Una acusada llegó a prisión provisional
Las consecuencias de las denuncias iniciales fueron especialmente graves para las dos personas señaladas falsamente. Ambas fueron detenidas por la Policía Nacional y una de ellas permaneció en prisión preventiva como consecuencia de unas acusaciones que posteriormente las propias denunciantes reconocieron como falsas.
El caso revela así el alcance potencial de utilizar de forma fraudulenta los mecanismos jurídicos diseñados para proteger a víctimas reales de trata y explotación sexual. Precisamente esas garantías permiten conceder protección a personas extranjeras que colaboran con las autoridades y pueden abrir posteriormente vías para regularizar su situación administrativa.
La jueza aprecia un «patrón de conducta habitual»
La magistrada ha acordado procesar a las cuatro mujeres que formularon las acusaciones iniciales y a la pareja señalada como responsable de organizar el sistema.
Respecto al principal investigado, el auto destaca que los hechos que se le atribuyen «revisten una especial gravedad» y reflejarían un «patrón de conducta habitual» destinado a «favorecer la inmigración ilegal de personas en situación de vulnerabilidad».
El procesamiento no supone una condena y los hechos deberán determinarse durante el procedimiento judicial. La Fiscalía y las acusaciones particulares deberán presentar ahora sus respectivos escritos de acusación antes de que el caso avance hacia la siguiente fase.
