Según informa El Mundo, desde la segunda mitad de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un total de 46 reales decretos de traspaso de competencias, de los cuales 30 han recaído en País Vasco y Cataluña, lo que representa el 65% del total registrado oficialmente.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial subrayan que estos acuerdos responden a una estrategia orientada a «fortalecer el Estado autonómico» mediante el diálogo institucional. En este sentido, sostienen que el respeto a la singularidad de los territorios constituye una línea fundamental de actuación. No obstante, los datos evidencian una concentración significativa: junto con Navarra, estas tres comunidades acumulan el 76% de los traspasos aprobados. Nada de equidad.

El Ejecutivo defiende que esta dinámica se enmarca en la consolidación de la cogobernanza y en la ampliación del autogobierno conforme a los estatutos de autonomía. En paralelo, se argumenta que parte de estas transferencias responden a procesos pendientes que no se desarrollaron entre 2011 y 2018. Durante ese periodo, bajo los gobiernos de Mariano Rajoy, se aprobaron únicamente 16 decretos de traspasos.

La concentración territorial observada en el actual mandato presenta una mayor intensidad relativa en determinadas comunidades: el 27 de marzo, el presidente del Gobierno mantuvo un encuentro con el lehendakari Imanol Pradales en el que se acordaron nuevos avances en materias como financiación, infraestructuras y seguridad. Estas medidas, aún no formalizadas, apuntan a una continuidad en la política de transferencias.

Desde el Ejecutivo se insiste en que el objetivo es consolidar un modelo basado en la «cooperación institucional» y la eficacia en la gestión pública.