La Guardia Civil mantiene sin uso más de 9.000 pistolas Ramon adquiridas entre 2021 y 2023 después de que el veto del Gobierno al contrato de compra de munición israelí dejara al Cuerpo sin cartuchos compatibles para este armamento. Según publica The Objective, la mayoría de estas armas permanecen almacenadas al haberse agotado progresivamente las existencias anteriores de munición, lo que impide su utilización en las unidades de seguridad ciudadana.
La compra ascendió a dos millones de euros y permitió incorporar más de 9.000 pistolas del fabricante israelí EMTAN. Sin embargo, la paralización del contrato para adquirir alrededor de 15 millones de cartuchos de nueve milímetros fabricados por IMI Systems ha derivado en una situación operativa que deja estas armas sin posibilidad de uso, al no existir otra munición que haya superado las pruebas técnicas realizadas por la Guardia Civil.
De acuerdo con las actas técnicas del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, durante los ensayos de laboratorio únicamente la munición israelí cumplió los requisitos exigidos para funcionar correctamente con las pistolas Ramon. Los informes reflejan que los cartuchos presentados por fabricantes de Italia, España y la República Checa registraron fallos de percusión y episodios de encasquillamiento, por lo que fueron descartados al no ajustarse a las especificaciones técnicas del concurso.
Las pruebas detectaron problemas de percusión con las municiones de Fiocchi Munizioni, Omena Technologies y Sellier & Bellot, que no lograron completar todas las rondas de disparo previstas durante los ensayos. Según las conclusiones de los técnicos, estas incidencias podían comprometer la fiabilidad del arma en situaciones de servicio, motivo por el que únicamente la propuesta de IMI Systems fue considerada apta.
A los problemas de munición se suman además las incidencias detectadas desde la llegada de los primeros lotes de pistolas. En 2022 trascendieron fallos en el sistema de extracción que obligaron al fabricante a suministrar nuevas piezas y a distribuir un kit corrector entre las unidades que ya disponían del armamento. Pese a esas modificaciones, fuentes de la Guardia Civil sostienen que alrededor de 4.000 pistolas quedaron fuera de servicio por persistir los defectos mecánicos.
La Dirección General descartó devolver las armas al considerar que el contrato suscrito con la empresa incorporaba cláusulas que suponían un elevado coste económico en caso de resolución. Como consecuencia, parte del armamento quedó almacenado por los problemas mecánicos y el resto ha ido dejando de utilizarse conforme se agotaban las reservas de la munición previamente disponible.
Para renovar el armamento Interior licitó este año la compra de 7.500 nuevas pistolas a la empresa Guardian Homeland Security, también de origen israelí. El contrato prevé un desembolso de 4,5 millones de euros, con un precio aproximado de 600 euros por unidad, frente a los 269 euros que costaron las pistolas Ramon. Paralelamente, el departamento abrió una nueva licitación para adquirir munición.
