El Gobierno de Sánchez se dispone a reactivar una vez más el mecanismo extraordinario que le permite invertir en empresas estratégicas sin someter esas decisiones al control del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un acuerdo que fijará los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que no son otros que los prorrogados de 2023 por tercer año consecutivo.

Según fuentes conocedoras del contenido del acuerdo, el Ejecutivo volverá a incluir en esa prórroga la disposición que autoriza modificaciones de crédito entre partidas de distintos ministerios sin necesidad de validación parlamentaria. Un instrumento excepcional aprobado durante la pandemia e incorporado posteriormente a los Presupuestos de 2023, que ha acabado convirtiéndose en una herramienta estructural para mover miles de millones de euros al margen de las Cortes.

La base legal de este atajo se encuentra en el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de 2021, que otorgó al Gobierno la potestad de realizar transferencias entre secciones presupuestarias, exceptuando además las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. En la práctica, esta habilitación ha permitido al Ejecutivo decidir inversiones estratégicas sin pasar por una norma con rango de ley, detalla Vozpópuli.

El caso más ilustrativo es el de Telefónica. Entre enero y mayo de 2024, el Gobierno desvió 2.285 millones de euros para reforzar su posición en la compañía, en su mayoría procedentes de partidas inicialmente destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos. Todo ello sin debate parlamentario y sin que el Congreso pudiera fiscalizar la operación.

De cara a 2026, el foco se desplaza ahora hacia Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales podría verse obligada a ampliar capital si pretende mantenerse como primer accionista tras la integración de Escribano. Un movimiento que encaja en la estrategia del Ejecutivo para impulsar un supuesto campeón nacional en el ámbito de la Defensa y que podría abrir la puerta a nuevas operaciones corporativas.

Este proceso no se limitaría a Indra. Otras empresas del perímetro de la SEPI, como Navantia, podrían verse afectadas por una reordenación más amplia del sector público empresarial, según ha desvelado Vozpópuli. Todo ello en un contexto de Presupuestos congelados y decisiones de inversión adoptadas desde el Consejo de Ministros.

En paralelo, el Gobierno ha reforzado su arquitectura para dirigir este tipo de operaciones. El pasado 25 de noviembre aprobó la creación del Comité de Inversiones Estratégicas, concebido para impulsar proyectos considerados clave para la seguridad económica y la denominada autonomía estratégica. A ello se suma la activación de la llamada Sepi Digital, que prevé canalizar hasta 3.300 millones de euros con la nueva adenda del Plan de Recuperación.

Este marco coincide con un incremento acelerado del gasto en Defensa. Según un análisis de BBVA Research, el Consejo de Ministros ha aprobado 125 acuerdos que suman cerca de 40.000 millones de euros en esta materia, la mayoría en los últimos meses y sin pasar por el Congreso. Tres cuartas partes de ese volumen se autorizaron en el último trimestre del año, duplicándose el gasto previsto en octubre y volviendo a duplicarse en noviembre.

El Ejecutivo se ampara en el artículo 134 de la Constitución Española, que establece la prórroga automática de los Presupuestos si no se aprueban nuevas cuentas antes del 1 de enero, así como en el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria. Sin embargo, la reiteración de este mecanismo excepcional ha consolidado un modelo en el que el Gobierno gobierna el gasto, decide inversiones estratégicas y toma posiciones en empresas clave sin el control efectivo del Parlamento.