El Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando la calificación técnica de «crecida ordinaria» para incorporar al dominio público hidráulico cientos de hectáreas agrícolas afectadas por la dana de Valencia, sin compensar económicamente a sus propietarios, según denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores —AVA-ASAJA— y recoge El Debate.

La medida afecta a terrenos situados junto a los barrancos que se desbordaron durante la tragedia del 29 de octubre de 2024. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —MITECO— sostiene que esas parcelas forman ahora parte del nuevo cauce y deben pasar a ser consideradas dominio público hidráulico.

La organización agraria estima que alrededor de 300 hectáreas privadas podrían verse afectadas, una superficie equivalente a cientos de campos de fútbol. La cifra fue comunicada, según AVA-ASAJA, por la Confederación Hidrográfica del Júcar durante una reunión mantenida con representantes del sector.

El conflicto surge porque los agricultores no reciben una notificación personal previa. La nueva delimitación aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado, tras lo cual los afectados disponen de tres meses para presentar alegaciones.

«La expropiación se anuncia a través del BOE, te dan tres meses para alegar, si te enteras, y MITECO no paga nada», denuncian fuentes de AVA-ASAJA.

La asociación relata que conoció el alcance del procedimiento durante una reunión en Sot de Chera, cuando comprobó que a uno de los agricultores presentes apenas le quedaban unos días para perder parte de su explotación sin haber recibido previamente aviso alguno.

«Nadie entra periódicamente en el BOE para comprobar si le van a quitar su campo. Te avisan en la letra pequeña y, si no te das cuenta, te quedas sin el terreno de la noche a la mañana», señalan desde la organización.

La indignación aumenta por el argumento empleado por el Gobierno. En la documentación oficial, la modificación del dominio público hidráulico se justifica por una «crecida ordinaria» de los barrancos.

La expresión contradice el relato sostenido durante meses por el propio Ejecutivo, que ha descrito la dana como un episodio meteorológico extraordinario y excepcional. Ahora, sin embargo, la calificación de «ordinaria» permite aplicar un procedimiento que deja a los agricultores sin compensación por la pérdida de sus terrenos.

AVA-ASAJA reclama que los propietarios reciban un justiprecio que les permita adquirir nuevas tierras y mantener su actividad profesional.

«Lo que pedimos es una cantidad que permita al agricultor comprar otro campo y continuar trabajando», sostiene la asociación, que rechaza que una explotación privada pueda convertirse en dominio público sin indemnización después de haber sido destruida o alterada por una catástrofe.

La organización afirma que trasladó el problema al Ministerio de Agricultura, pero recibió como respuesta que las ayudas por la dana ya habían sido abonadas y que la delimitación de los cauces corresponde a MITECO. «Pese a formar parte del mismo Gobierno, no hacen nada», lamentan los agricultores.

La situación provoca además una paradoja difícil de justificar: algunos propietarios recibieron ayudas estatales para reparar los daños sufridos en sus explotaciones y, posteriormente, pueden ver cómo otra rama del mismo Gobierno incorpora una parte de esos terrenos al dominio público sin ofrecerles compensación.

AVA-ASAJA considera que el procedimiento equivale, en la práctica, a una incautación. «Nos sentimos traicionados por las formas en las que se está haciendo y, encima, en un asunto como la dana y todo lo que representa», señalan sus representantes.