LA GACETA ha tenido acceso exclusivo a un documento interno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que revela los planes del Gobierno para externalizar el mantenimiento integral del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

En plena avalancha migratoria, con más de 1.100 entradas ilegales en lo que va de 2026 —siete veces más que en el mismo periodo de 2025—, el Ejecutivo no opta por reforzar fronteras o endurecer políticas disuasorias, sino por invertir hasta 1,77 millones de euros en un contrato que, lejos de frenar el flujo descontrolado, parece diseñado para perpetuar y ampliar la acogida de inmigrantes ilegales en instalaciones saturadas, con posibilidad de extenderse hasta 36 meses.

El documento, que justifica la licitación de un servicio de mantenimiento preventivo, reparador y de gestión del almacén de ropa y enseres en el CETI, expone los costes estructurales de una política migratoria reactiva y permisiva. El valor estimado del contrato asciende a 1.773.686,08 euros (sin IVA), incluyendo el periodo inicial de 12 meses, modificaciones posibles y prórrogas hasta un máximo de 36 meses. El presupuesto base de licitación se fija en 464.536,83 euros (incluido el IPSI de Ceuta), pero el desglose revela que el grueso se destina a mano de obra externa: unos 340.000 euros en salarios y cotizaciones para nueve operarios (cinco de mantenimiento y cuatro de almacén), subrogados en su mayoría del contrato anterior. Esto representa cerca del 73% del presupuesto base, confirmando que se trata, en esencia, de una externalización laboral para un centro que el Estado no quiere o no puede gestionar con recursos propios.

Lejos de ser un mero trámite administrativo, este contrato asume implícitamente que el CETI seguirá desbordado. El documento admite que el deterioro de las instalaciones —con casi 25 años de antigüedad— se agrava por el «uso intensivo» y el «alto número de residentes en los últimos años«, generando roturas frecuentes y un mayor consumo de agua y electricidad. Sin embargo, en lugar de invertir en medidas para reducir las entradas ilegales —como el refuerzo efectivo de la valla o acuerdos diplomáticos firmes con Marruecos, que sigue utilizando la inmigración ilegal como herramienta de presión—, el Gobierno diseña un sistema que normaliza las crisis. Por ejemplo, permite modificaciones del contrato hasta un 20% adicional (84.461 euros) si la ocupación supera los 1.000 inmigrantes en un mes o las 717 (140% de la capacidad oficial de 512 plazas) durante tres meses consecutivos. Este mes de febrero, con picos de más de 1.100 residentes y cientos hacinados en un garaje sin ventilación adecuada, estos umbrales ya se han rebasado ampliamente, lo que podría disparar el coste real si se activan prórrogas o modificaciones.

Las empresas puntúan más si comprometen hasta 280 horas extra anuales sin coste adicional: 160 horas para situaciones de sobreocupación sostenida (más de 512 residentes) y 120 horas para «entradas masivas» (más de 51 inmigrantes en un día). Esto no es casualidad: en las primeras seis semanas de 2026, Ceuta ha registrado más de 1.100 entradas ilegales, con picos semanales que superan con creces los 51 diarios. En vez de disuadir, el contrato incentiva a las empresas a «aguantar» más llegadas, perpetuando un ciclo vicioso donde el CETI actúa como imán para la inmigración ilegal.

Por otro lado, el documento ignora cualquier mención a medidas preventivas, centrándose en «parchear» un centro que lleva décadas colapsado y que, en 2026, obliga a traslados masivos a la Península (más de 620 desde enero) para descongestionar lo que ya es un caos.