La Presidencia del Gobierno ha decidido transformar la traducción de su web en un servicio con disponibilidad permanente. El nuevo pliego técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación obliga a la empresa adjudicataria a mantener correo electrónico y teléfono operativos las 24 horas del día, de lunes a domingo, para atender solicitudes urgentes relacionadas con la publicación de contenidos institucionales. Una exigencia de cobertura continua, más propia de un servicio crítico que de una traducción administrativa convencional, que ayuda a explicar el notable salto presupuestario del expediente.
La licitación, analizada por The Objective, fija un presupuesto máximo anual de 695.527 euros sin IVA, que asciende a 841.587 euros con IVA, casi 842.000 euros. No se trata de una factura cerrada, sino de un techo de gasto. El contrato se articula mediante precios unitarios y se paga por palabra traducida, de modo que el coste final dependerá del volumen real de textos que Moncloa decida trasladar a otras lenguas.
Aunque el foco político se sitúe en el catalán, el lote principal incluye también euskera, gallego y valenciano. El reparto presupuestario deja clara la prioridad. Un total de 614.264 euros del máximo anual se reserva a las lenguas cooficiales, frente a 81.262 euros para el lote internacional, que engloba inglés y, de forma ocasional, francés y alemán. En la práctica, las lenguas cooficiales absorben cerca del 90% del presupuesto máximo anual.
La subida no se explica sólo por el idioma, sino por el diseño del servicio. Moncloa no compra traducciones puntuales, sino una prestación continuada con estándares de producción propios de una redacción. El pliego fija que, una vez recibido el texto, la empresa debe entregarlo «a la mayor brevedad posible», con un ritmo máximo de 600 palabras por hora desde la recepción del original. En supuestos de urgencia excepcional, la Administración podrá exigir hasta 1.200 palabras por hora, con obligación de priorizar esos encargos sobre cualquier otro trabajo.
A esa presión de plazos se suma la disponibilidad permanente. El documento establece un horario ordinario de envío de textos de 8.00 a 20.00, de lunes a viernes, pero mantiene el requisito de atención 24/7 para traducciones urgentes. En la práctica, esa combinación fuerza a organizar turnos y coberturas. El contrato no remunera sólo palabras traducidas, sino capacidad de respuesta inmediata.
El expediente se configura como un contrato de precios unitarios. La Administración toma como referencia datos internos de la web de Moncloa correspondientes al periodo 2022-2025 y estima un volumen anual de traducción para cada lote. Con esa base fija un precio máximo por palabra. En el lote de lenguas cooficiales, el tope se sitúa en 0,064 euros. En el lote internacional, en 0,074 euros.
El método convierte el volumen editorial en la clave del gasto. Cuanto más contenido se traduzca, más se acercará el contrato a su techo anual. Según los cálculos del propio pliego, el lote de lenguas cooficiales se dimensiona sobre 9,59 millones de palabras al año, frente a 1,09 millones en el lote internacional. La cifra apunta a un servicio concebido para funcionar de manera continuada, no para encargos esporádicos.
