El Congreso de los Diputados ha lanzado en diciembre una nueva licitación pública valorada en 2.159.950,65 euros para renovar su sistema audiovisual y crear un mecanismo de subtitulado automático en directo, una iniciativa que llega tras la reforma del Reglamento aprobada en septiembre de 2023 en la Cámara Baja para permitir el uso de lenguas cooficiales, una exigencia de ERC y Junts a la que el PSOE se plegó para asegurar que la socialista presidenta del Congreso Francina Armengol alcanzara la tercera autoridad del Estado.
Aquel cambio abrió la puerta a un uso sistemático de gallego, catalán y vasco en sede parlamentaria. Una decisión presentada como “pluralidad” que ha terminado generando un incremento directo del gasto en diversas partidas: desde traducción simultánea hasta la compra de pinganillos, pasando ahora por esta nueva actualización tecnológica.
Según publica el Boletín Oficial del Estado, el contrato contempla la actualización del sistema de catalogación de vídeo, de los servidores audiovisuales y del almacenamiento del Centro de Producción de Televisión del Congreso, además de la adquisición e instalación del sistema de subtitulado automático.
En el apartado titulado “trabajos a realizar”, la licitación exige que todos los procesos de gestión, catalogación, subtitulado, distribución, almacenamiento y archivo queden plenamente integrados. También detalla la obligación de impartir formación al personal responsable para garantizar que las nuevas herramientas puedan utilizarse con “solvencia técnica”.
El documento del Estado se detiene especialmente en el subtitulado, que deberá ofrecer un modo monolingüe y otro multilingüe, este último con posibilidad de mantener varios idiomas en pantalla a la vez y con opciones de personalización —incluidos colores distintos para cada lengua—. La plataforma digital asociada tendrá que estar disponible en castellano, euskera, catalán, gallego e inglés, con un sistema que permita cambiar el idioma de forma inmediata desde la interfaz.
La justificación oficial recuerda que la instalación técnica del Centro de Producción de Televisión data de 1993 y que, pese a diversas ampliaciones, varios elementos esenciales —en especial el sistema de catalogación y los servidores de vídeo— han quedado obsoletos, lo que obliga a su renovación para continuar con la difusión institucional en formatos broadcast y web.
Así, mientras el Ejecutivo sigue defendiendo la normalidad del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, los costes asociados a aquella cesión ante los partidos separatistas continúan acumulándose para el contribuyente.
