Este jueves, en Alicante, la Sindicatura de Agravios de la Comunidad Valenciana recibió un documento con 153 denuncias que acusan a agentes de las fuerzas de seguridad de hablar en español —y no en valenciano— al dirigirse a ciudadanos. El escrito recoge reclamaciones presentadas por organizaciones como Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua, ligadas a subvenciones públicas.
En su informe, esas entidades denuncian episodios en los que miembros de la Guardia Civil o de la Policía Nacional habrían utilizado únicamente el español, incluso cuando podrían haber empleado el valenciano. Entre los casos destacados figura uno donde una agente nacional, durante una manifestación en Valencia contra la gestión de la DANA, supuestamente increpó a una mujer por hablarle “en nuestra lengua”. Según la denuncia, el policía alegó que no era valenciano sino de Cuenca —por eso hablaba en castellano— y declaró que, aunque «entendía el valenciano», no aceptaba que le hablaran así “porque estamos en España”.
El relato señala que, tras una breve discusión, el agente pidió el documento de identidad a la implicada, recogió sus datos y se lo devolvió, dejando a la mujer marcharse. No obstante, la denunciante afirma que la actitud del policía tuvo «tintes intimidatorios».
Este caso se suma al ya conocido de dos guardias civiles denunciados por un conductor por dirigirse a él en castellano, lo que pone en el foco una serie de actuaciones de las fuerzas del Estado por el uso del español. En total, 153 denuncias respaldadas por organizaciones vinculadas a ayudas públicas exigen que la Generalitat investigue y sancione estos supuestos casos de “discriminación lingüística”.
Durante la entrega del informe, acudió a Alicante el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien manifestó su respaldo a las organizaciones demandantes —algunas defensoras del proyecto identitario de los llamados “países catalanes”. Este respaldo institucional subraya la presión ejercida desde instancias del poder autonómico hacia miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por el idioma empleado.
Este conjunto de denuncias revela una ofensiva organizada para condicionar el uso del idioma en un ámbito tan esencial como la actuación policial. Más allá de lo individual —una detención, una pregunta, una manifestación— está en juego la defensa legítima del español como lengua común de todos los españoles, frente a intentos de imponer una lengua regional en interacciones oficiales.
