El Ministerio del Interior ha iniciado una nueva contratación para reforzar la implantación del Sistema Europeo de Índice de Registros Policiales (EPRIS), la plataforma que permitirá consultar de forma automatizada la existencia de antecedentes policiales en los distintos países de la Unión Europea. La medida coincide con el debate político generado por la regularización extraordinaria de inmigrantes y las reclamaciones sindicales para incrementar los recursos destinados a las unidades de Extranjería, según avanza VozPópuli.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha licitado un contrato por valor de 50.000 euros para adquirir 20 ordenadores portátiles convertibles destinados a la Secretaría de Estado de Seguridad y servirán para apoyar los trabajos de implantación nacional del nuevo sistema europeo de intercambio policial.
Según la documentación del expediente, EPRIS permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizar una consulta inicial mediante el sistema «HIT/No HIT» de antecedentes policiales, que indicará si una persona figura o no en los registros de otro Estado miembro. En caso de coincidencia, el intercambio de información se efectuará posteriormente a través de los canales seguros habilitados por Europol.
Interior sostiene que el objetivo del proyecto es cerrar las brechas de información entre los Estados miembros y reforzar la capacidad para prevenir, detectar y analizar actividades delictivas. Para ello considera imprescindible dotar de nuevos medios tecnológicos a los técnicos responsables del despliegue, con el fin de facilitar el análisis en tiempo real, la asistencia a los usuarios y la gestión de la plataforma.
La contratación llega mientras continúan las críticas de los sindicatos policiales sobre el desarrollo de la «regularización» masiva de inmigrantes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) mantiene que el principal problema no reside en la medida en sí, sino en la falta de personal para asumir el incremento de expedientes y garantizar las comprobaciones necesarias.
Entre sus principales preocupaciones figura la verificación de identidad y antecedentes penales de los solicitantes procedentes de terceros países. El sindicato ha advertido de que, en determinados supuestos, la normativa permite presentar una declaración responsable cuando el certificado del país de origen no llega dentro del plazo previsto, un mecanismo que considera menos garantista.
Mientras las organizaciones policiales reclaman un refuerzo de efectivos valorado en unos 16 millones de euros, Interior continúa impulsando la infraestructura tecnológica para consultar antecedentes europeos. El sistema español ya integra las bases de datos de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, paso previo a su conexión con EPRIS para agilizar las consultas automatizadas entre los Estados miembros.
